La Unió Llauradora i Ramadera ha denunciado la grave situación que atraviesa la actual campaña citrícola como consecuencia de los reiterados incumplimientos de contratos por parte del comercio privado, especialmente en variedades de clementinas y mandarinas de la primera parte de la campaña, cuya recolección debería haberse completado antes del 15 de diciembre.
Según la organización, se trata de una práctica generalizada que se repite año tras año y que se intensifica cuando los operadores comerciales no encuentran salida a su mercancía. En estos casos, los compradores dejan pasar deliberadamente el tiempo sin recolectar la fruta pese a existir contratos firmados, provocando su deterioro en el árbol.
La “trampa legal” de la fecha de recolección
Una vez la fruta pierde calidad, el comprador alega que “no está en condiciones” para justificar la no recolección, reduciendo o anulando las cantidades adquiridas. Para LA UNIÓ, esta situación se ve favorecida por un vacío legal en la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que no obliga a fijar por escrito una fecha límite de recolección en los contratos agroalimentarios.
Los modelos contractuales utilizados por la parte compradora no contemplan este requisito como obligatorio, lo que deja al agricultor en una situación de clara indefensión. El comprador no comunica formalmente su renuncia, sino que simplemente deja transcurrir el tiempo, incumpliendo el espíritu del contrato.
Pérdidas totales para el agricultor
Las consecuencias para los citricultores son especialmente graves. En los casos de no recolección, las pérdidas alcanzan el 100 % de la producción contratada. Además, los agricultores deben asumir los costes de tratamientos, mantenimiento del cultivo, retirada de fruta deteriorada y los daños ocasionados al arbolado, sin recibir ningún tipo de compensación.
Ante esta situación, LA UNIÓ hace un llamamiento directo a los productores para que denuncien estos incumplimientos, aporten contratos y pruebas y no normalicen unas prácticas que ponen en riesgo la viabilidad del sector citrícola valenciano.
Exigencias al Ministerio y a la AICA
La organización reclama una modificación urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria para que sea obligatoria la inclusión de una fecha máxima e improrrogable de recolección en los contratos. Asimismo, exige la prohibición de comisiones de intermediación ficticias y la imposición de sanciones más severas a los compradores que incumplen mediante retrasos deliberados.
También pide a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que actúe de oficio, investigue estas prácticas y abra los expedientes sancionadores correspondientes, y al Ministerio de Agricultura que cierre definitivamente los vacíos legales que perjudican al productor, el eslabón más débil de la cadena.
En concreto, LA UNIÓ propone añadir una nueva letra al artículo 9.1 de la ley para que se incluya como contenido mínimo obligatorio “la fecha o, en su caso, el plazo máximo e improrrogable de recolección del producto objeto del contrato”.
Valoración del sector
“El contrato no puede convertirse en papel mojado cuando el mercado no acompaña. El comprador no puede decidir unilateralmente si cumple o no, dejando que la fruta se pierda en el árbol y trasladando todas las pérdidas al agricultor”, ha señalado Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.
