La secretaria autonómica de Administración Pública, Eva Palomares, ha trasladado este viernes en la Mesa Sectorial de Función Pública las nuevas medidas impulsadas por la Generalitat para combatir la brecha salarial y reforzar la inclusión sociolaboral dentro de la administración Autonómica, que han sido respaldadas por unanimidad por los sindicatos.
Creación del Técnico de Inclusión Social
Entre las actuaciones presentadas destaca la creación de una nueva figura profesional, la de Técnico de Inclusión Social, “destinada a acompañar y facilitar la integración laboral de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que accedan a la función pública. En concreto se crearán 15 puestos que dependerán de la Dirección General de Función Pública”, ha explicado.
La Generalitat ha sido pionera a la hora de incluir en sus ofertas de empleo público una reserva de un cupo no inferior al 10 % de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad o diversidad funcional. De manera que al menos el 5 % de las plazas ofertadas lo son para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual o enfermedad mental, reservando un porcentaje específico del 3 % para personas con discapacidad intelectual y un 2 % para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
Fruto de esta experiencia se ha detectado la necesidad de ofrecer este acompañamiento especializado durante los primeros meses de incorporación y en los procesos de adaptación funcional.
Medidas para reducir la brecha salarial
Por otra parte, se ha trasladado a los sindicatos medidas para reducir la brecha salarial en la Administración de la Generalitat, y se ha propuesto el incremento del complemento de destino de los puestos de trabajo correspondientes a las categorías de entrada de distintos cuerpos y escalas del subgrupo A2, pasando de nivel 16 a 18 y de 17 a 18, según los casos.
Además, se financiará la implantación efectiva del cuerpo técnico de gestión en Educación Infantil, contemplado en la Ley de Función Pública Valenciana. La iniciativa prevé la promoción interna específica de 134 profesionales actualmente adscritos al cuerpo de especialistas de Educación Infantil, así como la amortización y creación de nuevos puestos adaptados a la nueva clasificación profesional.
Estas tres medidas para mejorar la clasificación profesional, reducir desigualdades retributivas y reforzar la inclusión laboral de personas con discapacidad tendrán un coste total de 3.761.995,04 euros.
Estas actuaciones se enmarcan en el Programa temporal de lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos para los años 2025, 2026 y 2027.
Personal sanitario y compatibilidad laboral
Por otra parte, en la reunión se ha propuesto que el personal sanitario de la Administración de la Generalitat perteneciente a los cuerpos de Medicina del Trabajo, Medicina y Enfermería pueda desarrollar una segunda actividad asistencial en mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana.
Esta segunda actividad deberá realizarse previa autorización expresa de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, sin coincidencia horaria con el puesto principal y en régimen laboral, a tiempo parcial y de duración determinada. Además, se aclara que no tendrá impacto presupuestario para la Generalitat y que las compatibilidades se concederán siempre garantizando el correcto cumplimiento de las obligaciones en ambos puestos de trabajo.
