El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha exigido nuevamente al Gobierno de España la paralización inmediata de las nuevas normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. Ha advertido de que estas medidas amenazan la estabilidad hídrica y agrícola del sureste español, comprometen la continuidad de sectores estratégicos y aceleran procesos de desertificación. Según el conseller, la decisión se ha adoptado sin diálogo real con los regantes, sin informes técnicos sólidos y sin atender las necesidades de las comunidades autónomas afectadas.
Impacto económico y ambiental sobre el sureste español
Durante su intervención en un foro organizado por La Razón, Barrachina explicó que estas normas ponen en riesgo la actividad de miles de familias y el equilibrio hídrico que durante décadas ha permitido al sureste mantener su liderazgo agrícola. Señaló especialmente que una aplicación estricta de estos recortes podría llevar a que la huerta de Alicante se convierta en un territorio degradado y sin capacidad para sostener su productividad. Ha recordado que el 67,2 % de la superficie regada con agua del trasvase en la provincia se dedica a cítricos —naranjas, mandarinas y limones— que generan empleo, riqueza y beneficios ambientales al absorber más de un millón de toneladas de CO₂ cada año.
Exigencia de igualdad entre cuencas y criterios transparentes
El conseller ha insistido en que decisiones de este calado no pueden tomarse desde posiciones políticas, sino desde datos verificables y criterios homogéneos. Ha subrayado que los agricultores de la cuenca cedente tienen derecho a riego, igual que los del Segura, y que la explotación de los recursos debe respetar un marco de igualdad entre territorios. Asimismo, ha incidido en que los caudales ecológicos exigidos ya se cumplen sobradamente, por lo que no existen motivos para añadir restricciones que agraven la situación del sector agrícola.
Demandas de inversiones y crítica a la gestión en cabecera
Barrachina ha reclamado inversiones urgentes para modernizar regadíos, señalando que con un presupuesto de 68 millones se podrían ahorrar hasta 100 hm³, volumen equivalente al recorte que ahora plantea el Gobierno. También ha alertado sobre la ineficiencia en el uso del agua en la cabecera del Tajo, donde los regadíos consumen más del doble de recursos que los usuarios del trasvase, y ha denunciado el desperdicio de 100 hm³ anuales. Además, ha criticado que España envíe a Portugal un caudal muy superior al requerido, mientras se reduce la dotación a territorios que sí lo necesitan. A su juicio, esta situación es injusta y perjudicial para la sostenibilidad del campo alicantino.
