Gaspar anuncia una nueva estructura de organización de personal para la Diputació consensuada y acorde al siglo XXI
- El presidente de la Diputació de València hace partícipes a oposición, sindicatos y trabajadores de su apuesta por una sola Relación de Puestos de Trabajo al año: “Es momento de pasar del qué hay de lo mío al qué hay de lo nuestro”
- El pleno de junio aprueba, además de la modificación de la RPT para cubrir las necesidades de la institución, la ampliación hasta octubre de los plazos para que los municipios justifiquen las obras del SOM 18/19 y el IFS de 2018
El presidente de la Diputació de Valencia, Toni Gaspar, ha zanjado este martes la polémica de la modificación de puestos de trabajo en la corporación provincial, al anunciar durante la sesión plenaria de junio que a partir de este momento “solo habrá una RPT al año, que estará recogida en el presupuesto y tratará de organizar la institución de la mejor manera posible, con una columna vertebral nueva acorde al siglo XXI y la participación de todos los grupos políticos, sindicatos y trabajadores”.
Gaspar se ha mostrado tajante a la hora de señalar que “es momento de pasar del qué hay de lo mío al qué hay de lo nuestro”.
De esta forma, el presidente ha recogido el guante lanzado por la oposición, en especial el PP y Ciudadanos, y ha instado a todos, gobierno y oposición, a “ponerse las pilas para seguir avanzando en la modernización de una Diputació que debe determinar por unanimidad cómo trabajar mejor y dar respuesta a las necesidades de los municipios, que no son las mismas que tenía el mundo de hace tres meses, ya caducado”.
El máximo responsable provincial ha recordado, desde la “geometría variable” de sus distintas experiencias en la casa tanto en gobierno como en oposición, que este debate sobre las modificaciones de puestos de trabajo “lleva años produciéndose siguiendo un mismo guión, con idénticos argumentos por parte de distintos partidos según ocupan una u otra bancada, lo que nos aboca a sucesivas modificaciones cortoplacistas que no tienen en cuenta la organización a medio y largo plazo que necesita cualquier administración”.
Admite el presidente de la Diputació que un acuerdo sobre cuestiones de personal siempre es “complicado”, pero considera que finalmente “será posible dejar de arrojarnos los trastos a la cabeza y consensuar las mejoras necesarias para hacer frente a las exigencias de la estructura laboral de la institución y de nuevas realidades como el teletrabajo, dejando tranquilos al diputado o la diputada de Personal de turno, que solo tratan de organizar el servicio de la mejor manera”.
Debate laboral en un pleno histórico
Antes de la intervención de Toni Gaspar sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), los distintos grupos han avivado un debate que ha comenzado Ciudadanos. El diputado Jesús Gimeno ha cuestionado la ausencia de informes técnicos que justifiquen la modificación llevada a pleno, y ha repasado las reivindicaciones sindicales antes de concluir que esta RPT “no era necesaria y no concede preferencia al personal de la Diputación”.
Ximo Segarra, en representación del PP, ha lamentado “las tres modificaciones que llevamos en esta legislatura y que han afectado a más de 300 puestos de trabajo, que poco tienen que ver con una planificación de futuro”. Según el diputado popular, “empleados y sindicatos no entienden estos cambios y tampoco que algunas plazas se abran a otras administraciones y otras no”. En opinión de Segarra, se pone de manifiesto “una absoluta falta de criterio que nos deja la duda que apunta algún sindicato de que pueda haber trajes a medida”.
En respuesta a la oposición, la diputada de Personal, Pilar Molina, ha defendido que la gestión de su departamento “busca siempre lo mejor para la institución, teniendo en cuenta las necesidades de los departamentos en cada momento, como puede ser reforzar el asesoramiento a los municipios, la eficiencia energética, la prevención a causa de la pandemia o la apertura de nuevas oficinas de gestión tributaria”.
Molina ha explicado que se recurre a otras administraciones cuando no hay personal cualificado en la Diputación para desempeñar determinados trabajos que forman parte de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2019, y ha asegurado que los sindicatos “han tenido la información necesaria, aunque no siempre es posible llegar a un acuerdo con todos”.
Por su parte, el portavoz de La Vall ens Uneix, Joan Sanchis, ha dado un voto de confianza al equipo de gobierno provincial en la modificación de la RPT, esgrimiendo que “todas las administraciones tratan de resolver el tema de las necesidades laborales de la mejor manera posible”.
La reflexión de Gaspar ha cerrado el debate sobre la modificación de la RPT, aprobada por PSPV, Compromís y La Vall en los primeros compases de un pleno histórico por varios motivos, entre ellos el de ser la primera institución valenciana que regresa a la normalidad con una sesión 100% presencial tras la pandemia. También ha resultado novedoso el escenario del pleno, que en esta ocasión ha sido la Sala Alfons el Magnànim de la Beneficència, propiedad de la Diputació.
Lo que no ha cambiado es la apuesta firme del presidente Gaspar y el equipo de gobierno en la lucha contra la violencia de género. Tras recordar a Mª Belén, Josefa y Annick, “asesinadas a manos de tres miserables cobardes”, Toni Gaspar ha insistido en que la institución que dirige “no aceptará como normalidad estas muertes ni las 238 detenciones registradas durante el estado de alarma por violencia machista”.
Ampliación de plazos
El pleno de junio ha aprobado además la ampliación de plazos para la justificación de las obras del SOM 18/19 y el IFS de 2018, con el fin de facilitar a los municipios la tramitación y ejecución de estas actuaciones de mejora en los pueblos de la provincia. El vicepresidente y diputado de Cooperación, Carlos Fernández Bielsa, ha agradecido a todos los grupos la unanimidad a la hora de atender la “petición de la inmensa mayoría de alcaldes y alcaldesas”.
De esta forma, el plazo para justificar los proyectos del Plan de Servicios y Obras Municipales de 2018-19, que finalizaba el 20 de julio, se amplía hasta el 27 de octubre, y el plazo de justificación de las obras del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de 2018 se amplía del 6 de julio al 12 de octubre. En ambos casos, la prolongación responde a los 99 días que ha durado el estado de alarma.
La sesión plenaria de junio en la Diputació de Valencia se ha cerrado con la lectura de una declaración institucional, firmada por todos los grupos tras la moción presentada por Ciudadanos, sobre la ejecución de las alternativas propuestas en el informe Cedex para las playas de Tavernes de la Valldigna.
