La nueva ley de equidad sanitaria demoniza una vez más la medicina privada, como si lo público fuese la panacea de nuestra salud y no sólo un instrumento muchas veces infradotado e infra pagado.
En ese contexto de limitaciones de la sanidad pública —brillante, por otra parte, pese a las deficiencias observadas durante la pandemia—, la privada viene a ser un complemento que en muchas ocasiones quita presión y libera de medios a la asistencia pública para hacerla más eficaz. O sea, el concierto de la sanidad pública con un eficiente sector privado no es un retraso, sino que supone una liberación.
Pero, claro, palabras como “privado” o “concertación” recogen lo peor del imaginario colectivo, como sucede también con la enseñanza concertada, que no es enemiga de la pública, sino su complemento.
Y es que en una perversión del lenguaje hemos llegado a confundir lo público con lo altruista y lo privado con lo egoísta, como si todo lo que no hacen las diferentes administraciones fuese malo y las empresas estuviesen contra nosotros en vez de subvenir a nuestras necesidades.
La realidad, sin ser exactamente la contraria, resulta bien distinta: lo normal es la libertad de actuación y el Estado y sus adláteres sólo deben intervenir para regular y vigilar que se cumpla la ley, sobre todo en aspectos tan sociales y de interés tan general como la sanidad y la educación.
Pero una cosa es la intervención obligada por las circunstancias y otra muy distinta demonizar el ejercicio de la libre competencia y el complementar las actuaciones de un sector público que muchas veces tiene la vocación de totalitario.
