El Ayuntamiento de Valencia, reunido en sesión plenaria, se ha comprometido este martes a garantizar las ayudas al alquiler a todas las familias que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria municipal.
Para ello, la corporación ha acordado “continuar impulsando las actuaciones necesarias desde el Servicio de Vivienda para otorgar la condición de beneficiarias a las personas solicitantes que, cumpliendo todos los requisitos de la Convocatoria de Ayudas Municipales al Alquiler 2025-2026, han quedado excluidas por agotamiento de crédito y no han sido beneficiarias del Programa de Ayudas al alquiler correspondiente al ejercicio 2025”.
Asimismo, el Plenario ha reafirmado su voluntad de seguir desarrollando el Plan + Vivienda impulsado por el Ayuntamiento de València, así como las nuevas medidas en materia de vivienda presentadas recientemente por la alcaldesa.
Origen de la iniciativa y debate plenario
La medida se ha adoptado a partir de una moción presentada por el Grupo Municipal Compromís, que contó con el respaldo del Grupo Municipal Socialista. Antes del debate, intervino José Luis González Meseguer, representante de la Associació de Veïnes i Veïns de la Torre, quien lamentó que “500 familias hayan quedado excluidas por agotamiento del crédito presupuestario”.
El portavoz vecinal reclamó una ampliación urgente del crédito para atender a estas familias, que representan el 30,57% de las solicitudes, y pidió que esta situación se tenga en cuenta en el próximo presupuesto municipal.
Finalmente, el Pleno aprobó una moción alternativa presentada por el equipo de gobierno, con los votos favorables de PP y VOX, la abstención de Compromís y el voto en contra del Grupo Socialista.
Críticas de la oposición a la política de vivienda
Durante el debate, el concejal de Compromís Ferran Puchades defendió la necesidad de un marco regulador que garantice la equidad entre propietarios e inquilinos. Denunció que las ayudas al alquiler mantienen el mismo importe desde hace tres años, lo que ha provocado menos solicitantes, menos beneficiarios y un aumento de los excluidos por falta de crédito, que han pasado de 260 a 550.
Por su parte, la concejala socialista Maite Ibáñez acusó al gobierno local de priorizar la cesión de suelo público a constructoras en detrimento de la vivienda pública, y criticó el rechazo a modificar el Plan General de Ordenación Urbana para aumentar el parque de viviendas protegidas. También instó a aplicar la Ley estatal de vivienda para controlar los precios del alquiler.
Respuesta del gobierno municipal
El concejal de Urbanismo y Vivienda rechazó las críticas y defendió la gestión del actual mandato. Recordó el compromiso adquirido en 2023 para impulsar 1.000 viviendas de protección pública y destacó que, dos años y medio después, el Ayuntamiento ha multiplicado por 11 la inversión en vivienda, superando los 60 millones de euros.
Además, señaló que se ha ampliado de forma significativa el parque público de vivienda, se han acelerado las adjudicaciones y se han reducido en un 70% los plazos para la tramitación de licencias destinadas a vivienda. En la actualidad, el 45% del Programa + Vivienda se encuentra ya en ejecución.
Debate sobre el uso del Derecho Penal
El Pleno también aprobó una moción, con el voto favorable del equipo de gobierno y el rechazo de la oposición, que manifiesta la preocupación por el uso del Derecho Penal en conflictos políticos entre miembros de la Corporación y promueve la mediación y el diálogo institucional.
La moción sustituye a las iniciativas presentadas por PSPV-PSOE y Compromís, que solicitaban el cese de la concejala de VOX Cecilia Herrero, para quien la Fiscalía solicita pena de prisión por delitos de odio. Desde la oposición se reiteraron las críticas al mantenimiento de la edil en el cargo.
Rechazo a la propuesta de financiación autonómica
Durante la sesión, el Pleno abordó también el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España. La mayoría municipal rechazó la moción presentada por PSPV-PSOE y Compromís, que instaba a respaldar el nuevo modelo y a exigir la condonación de la deuda de la Generalitat derivada de la infrafinanciación.
Desde VOX y el Partido Popular se rechazó la propuesta por considerar que no corrige la infrafinanciación estructural ni garantiza la suficiencia financiera, y se criticó que el modelo beneficie a los intereses separatistas en detrimento de los valencianos.
