Un informe interno del Departamento de Interior, adelantado por ElCaso.ElNacional.cat, confirma sin matices que el 65,5% de todas las detenciones practicadas por los Mossos d’Esquadra en 2024 correspondieron a personas de nacionalidad extranjera
La cifra, que emerge después de meses de reclamaciones políticas y resistencia por parte de la Generalitat a hacer públicos estos datos, revela que casi dos de cada tres arrestos en Cataluña afectan a individuos que no poseen la nacionalidad española, pese a representar solo el 18% de la población residente.
El documento detalla que, de las 46.996 detenciones registradas durante el año, la mayor parte recayó sobre ciudadanos extranjeros, encabezados por nacionales marroquíes y argelinos. El dato, hasta ahora oculto en informes internos del departamento, aporta una dimensión nueva a un debate político que lleva años polarizando el discurso sobre seguridad y convivencia en la comunidad autónoma.
Los datos reactivan el debate político sobre la relación entre seguridad y migración
VOX, que en reiteradas ocasiones había exigido conocer la nacionalidad de los detenidos, ha reaccionado de forma inmediata. Su secretario general, Ignacio Garriga, ha interpretado estas cifras como una confirmación directa de sus denuncias y ha reclamado cambios drásticos en la política migratoria. El dirigente sostiene que la Generalitat ha evitado durante años ofrecer una imagen completa de la realidad delictiva, y reivindica que los datos ahora destapados deben marcar un punto de inflexión en la gestión de la seguridad pública.
La Generalitat ha evitado durante años ofrecer una imagen completa de la realidad delictiva
Las declaraciones han reactivado el debate sobre los límites, responsabilidades y consecuencias de la política migratoria en Cataluña. Frente a las acusaciones de opacidad, el Govern aún no ha ofrecido una respuesta oficial que matice o complemente la información difundida. Mientras tanto, el informe sitúa nuevamente en el centro de la discusión pública la relación entre delincuencia, gestión institucional y presión migratoria, una ecuación que seguirá generando tensiones políticas en los próximos meses.
