El Gobierno está ultimando un nuevo Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo que podría suponer un importante cambio en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Entre las medidas que se barajan se encuentra la ampliación de los espacios libres de humo, prohibiendo fumar en terrazas, playas, parques públicos e incluso en vehículos privados si hay menores presentes.
Además, Sanidad planea incrementar los impuestos especiales al tabaco para desincentivar su consumo, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales. Esta medida afectaría tanto a los cigarrillos tradicionales como a los dispositivos electrónicos y productos de tabaco calentado, cuya popularidad ha crecido en los últimos años.
El endurecimiento de la normativa ha generado un intenso debate en la sociedad. Mientras las asociaciones médicas y de lucha contra el cáncer aplauden la iniciativa y la consideran necesaria para proteger la salud pública, numerosos sectores advierten del impacto económico que podría tener en sectores como la hostelería, ya muy castigado en los últimos tiempos.
Desde el Ejecutivo defienden que se trata de proteger a los no fumadores, especialmente a los menores y a los colectivos más vulnerables. Sin embargo, voces críticas consideran que, en lugar de medidas punitivas, sería más efectivo apostar por campañas de concienciación y facilitar tratamientos gratuitos para dejar de fumar, algo que hasta ahora se ha impulsado de forma muy limitada.
La reforma podría aprobarse en los próximos meses, aunque su aplicación dependerá también del apoyo de las comunidades autónomas, responsables de ejecutar las medidas en sus respectivos territorios.
