La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado este jueves en el Ministerio de Igualdad para recabar documentación relacionada con un presunto fraude en la compra de pulseras antimaltrato. La actuación está dirigida por la Fiscalía Europea, que investiga el posible uso irregular de fondos de la Unión Europea destinados a financiar estos dispositivos de seguimiento telemático.
Los agentes también se han desplazado al Tribunal de Cuentas para solicitar documentación sobre los contratos de adquisición y gestión de estas pulseras. La operación se enmarca en una investigación que dirige la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid.
Por el momento, no han trascendido las personas investigadas, la cantidad de fondos europeos que podría estar afectada ni el alcance de las diligencias. La investigación se centra en un posible fraude relacionado con los recursos comunitarios destinados a los dispositivos que permiten controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.
El Tribunal de Cuentas ya alertó de deficiencias en los contratos
La actuación de la UCO llega después de que el Tribunal de Cuentas publicara un informe en el que advertía de «graves deficiencias» en la contratación y gestión del sistema de pulseras antimaltrato por parte del Ministerio de Igualdad. La fiscalización examinó los contratos suscritos en 2018, 2021 y 2023, cuyo importe conjunto supera los 100 millones de euros.
El organismo fiscalizador puso el foco en los problemas del servicio y en la necesidad de priorizar la calidad técnica para garantizar la protección de las víctimas de violencia de género. Uno de los contratos analizados, correspondiente al periodo 2023-2026, ascendía a 42,6 millones de euros y contaba con financiación europea.
La investigación de la Fiscalía Europea se produce, por tanto, en un contexto de cuestionamiento del funcionamiento de estos dispositivos y de la gestión de sus contratos. No obstante, las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas y el posible fraude investigado constituyen cuestiones distintas, cuyo alcance deberá determinar la investigación judicial.
Los fallos de las pulseras antimaltrato
Las pulseras telemáticas ya habían estado en el centro de la polémica por los problemas registrados en su funcionamiento. En septiembre de 2025 se conocieron incidencias relacionadas con el sistema de seguimiento y con el traspaso de información entre las empresas adjudicatarias del servicio.
Estos dispositivos permiten controlar la distancia entre los agresores y las víctimas cuando existe una orden de alejamiento. Sus alertas también sirven para avisar a las autoridades ante posibles incumplimientos de las medidas judiciales.
En enero de 2026, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció un nuevo contrato para sustituir las pulseras por tobilleras. El departamento justificó el cambio por la necesidad de mejorar la fiabilidad y evitar la manipulación de los dispositivos. El contrato se cifró en 71 millones de euros, ampliables hasta 111 millones.
Ahora, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación por un posible fraude con fondos comunitarios y ha encargado a la UCO la recogida de documentación en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas.










