¿Qué va bien en la España de hoy? Si rascamos bajo el rancio barniz del discurso oficial, prácticamente nada.
Se nos ofrece un escaparate de progreso mientras se vende un producto de segunda mano. Un país que presume de justicia social, pero que prefiere el low-cost…, salvo para pagar el sueldo de sus políticos y altos funcionarios. Ahí no hay rebajas: ahí tenemos tarifas de futbolista de moda, como la propia directora de Red Eléctrica de España, que preside un servicio low-cost de apaga y vámonos, con un salario digno de Balón de Oro.
Es la metáfora perfecta de este tiempo: lo esencial de saldo, el despacho de lujo.
Basta asomarse al escándalo de las pulseras de control de agresores. Una tecnología que debía ser muralla protectora ha resultado una baratija: alertas que no suenan, migraciones de datos que borran pruebas y dejan a los delincuentes de paseo con sus amigos del «Sí es sí». ¿Un tropiezo técnico o una interpretación facha de los jueces? No, es un Estado que ha decidido ahorrar en la vida de los suyos para gastar en lo superfluo de los otros suyos.
La sanidad pública se ha convertido en una trampa burocrática que deshumaniza al enfermo.
La atención primaria agoniza; las urgencias de cualquier hospital son hoy un ambulatorio improvisado donde se hacinan pacientes tratados y maltratados como ganado tercermundista. Los protocolos —¡por fin! — han conseguido deshumanizar por completo el trato: todo en nombre de la eficiencia, ¡ja!. Quien entra a urgencias ya no es un enfermo: es un número con código de barras y ese sí, con una pulsera que indica hasta a quién votó en las últimas elecciones y si está al corriente de todas sus obligaciones impositivas.
En las calles, la violencia salvaje, ha dejado de ser excepción para volverse paisaje.
Peleas a machetazos y a tiros se comentan como si fueran rifirrafes de bar. Es normal, la gente se enfada y, ¿Quién no lleva un machete de cincuenta centímetros en el pantalón para charlar con los colegas? Y mientras tanto, policías atados de pies y manos, obligados a medir cada golpe, cada palabra, por miedo a que alguien les acuse de “exceso” y les arruine la vida. Todo muy normal, ¿verdad? «Pues eso» que diría nuestro amado líder…
En Valencia y su entorno los números cortan como cuchillos: 6.695 denuncias por violencia en el primer trimestre, 6.224 víctimas reconocidas, un aumento constante que incluye menores y agresores cada vez más jóvenes.
En Elche crecen a la vez las violaciones y el tráfico de drogas. En Llíria, un hombre retuvo y violó a su pareja durante doce días con armas y drogas. Y en los portales de la capital, agresores que graban a sus víctimas para exhibirlas en redes. Casi 1.800 denuncias por ocupación ilegal completan el cuadro.
Una geografía de la impunidad.
¡Y pensar que hasta el lumpen tenía sus códigos éticos! : en otro tiempo, un violador que entraba en la cárcel sabía que su vida valía menos que un cigarro; los propios reclusos lo marcaban como intocable, pero a la inversa. No digamos un pederasta: el sistema debía protegerlo celosamente para que no fuera literalmente despedazado. Hoy, ni eso: la violencia se banaliza mientras la frontera entre víctima y verdugo se vuelve turbia, y el castigo, si llega, suele ser burocrático y tibio.
Los juzgados, desbordados, alertan del inminente colapso total.
Pero el Estado parece más ocupado en garantizar dietas, asesores, viajes, recepciones y vivas a Bruselas que en sostener a sus jueces. Se pagan sueldos estratosféricos, séquitos de asesores que también cobran y agendas de vuelos que harían palidecer a un piloto de aerolínea. Y cuando se habla de “comités de expertos,” la memoria colectiva recuerda que en la pandemia se esgrimían aunque no existían: eran de plástico. ¡Cuantos paralelismos con que aquellas armas de destrucción masiva que justificaron guerras, llenaron cementerios e hicieron fabulosos negocios!.
Todo esto se hace mientras se nos repite que la historia cambia con buenas intenciones.
La verdad es más cruda: la historia se cambia con las malas intenciones, y mucho. Y aquí las hay, cuidadosamente maquinadas y administradas.
Los trenes y aviones tampoco se libran: caídas de servidores que paralizan la alta velocidad, convoyes nuevos retirados por fisuras, aeropuertos colapsados mientras las inversiones se aplazan a la próxima década. Es como planear la compra de un paraguas para dentro de diez años mientras el agua entra por las ventanas.
El Estado ahorra en raíles, cables y personas, pero nunca en nóminas blindadas.
Ante este paisaje, los ciudadanos —no esa abstracta y rebañega “ciudadanía” si no cada persona que paga impuestos y espera decencia— tienen razones sobradas para la indignación. La solución nunca vendrá de quienes provocan el problema. Quienes han hecho de la política un negocio con dietas, asesores y vuelos gratis no van a suicidarse por ética. Si algo cambia será porque los ciudadanos exijan sin tregua: contratos blindados, penalizaciones ejemplares, protocolos que pongan a la persona por encima del Excel, policías con respaldo real y jueces con medios para sentenciar sin miedo.
Y sin embargo, en este lodazal de chapuza también germinan semillas de futuro. Hay periodistas que destapan cloacas a riesgo de su carrera.
Hay jueces que resisten presiones y reabren casos que otros quisieron archivar. Hay profesionales de la salud que, a pesar de protocolos deshumanizadores, siguen tratando con humanidad a quienes el sistema degrada a un número. Son brotes de dignidad en un campo hostil.
Esa es la grieta por donde puede entrar la luz. Porque España no está condenada a la chapuza. Puede ser un país donde el hospital atienda como un refugio y no como un matadero administrativo, donde las calles dejen de ser ring de machetes y las viviendas no necesiten cerrojos blindados y alarmas para defenderse de la ocupación, donde las infraestructuras funcionen como relojes y no como promesas en diferido. No será fácil ni inmediato, pero es posible.
El camino no es un milagro: es la determinación de los ciudadanos.
Quienes exigen cuentas con datos, quienes votan con criterio, quienes se organizan para vigilar cada euro y cada decisión y quienes se niegan a aceptar el “es lo que hay.” Solo así la política pasará de espectáculo subvencionado a servicio público. Solo así dejarán de robarnos la dignidad a precio de saldo.
Este es el desafío y la esperanza. Que un país cansado de la mentira y la mediocridad se levante y diga ¡basta ya de esta puta chapuza!, con la fuerza de millones de voces.
Que no acepte rebajas en su futuro. Que entienda que la calidad no es un lujo, si no una voluntad y que esta mediocridad impuesta es sólo supervivencia. Que asuma que la historia, aunque hoy la marquen las malas intenciones, puede ser cambiada por la voluntad obstinada de los buenos.
Ese es el puente, largo pero sólido, hacia una España que no se compra en Aliexpress.
“Cuando lo importante no tiene calidad, lo urgente se convierte en tragedia.” — J. N.
