– El docente acaba de publicar la investigación “Vacunas, certificados COVID y control de fronteras: reflexiones en torno al caso Djokovic” en la publicación jurídica internacional Revista Chilena de Derecho
En su análisis, afirma que el tenista serbio no debió ser expulsado de Australia en la pasada edición del Open”
Cuando se cumple un año del ‘caso Djokovic’ en el Open de Australia, que impidió al tenista serbio participar en la edición de 2022, un investigador de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) acaba de publicar un estudio en la publicación jurídica Revista Chilena de Derecho, en el que sostiene que los Estados carecen de legitimidad para exigir la vacunación obligatoria contra la COVID-19 como medida de control de sus fronteras.
-
“El ‘caso Djokovic’ fue un abuso y un ejemplo perfecto del enaltecimiento de la seguridad sobre la libertad, que parece imponerse de un tiempo a esta parte en nuestras sociedades”.
Leopoldo García Ruiz, autor del trabajo y miembro del Proyecto de investigación “Crisis del Estado de Derecho en la UE”, que lidera la profesora Susana Sanz, de la CEU UCH, y en el que participan investigadores de seis países y ocho universidades distintas.
Según argumenta el profesor de Filosofía del Derecho de la CEU UCH, Leopoldo García Ruiz, “obviamente, los gobernantes deben velar por la salud pública y, por eso, es razonable que en las fases más agudas de una pandemia se pidan certificados para acceder a ciertos lugares o servicios o que se niegue temporalmente la entrada en un país a quien no acredite estar inmunizado”.
Lo que no sería razonable, afirma el autor, es remitirse solamente a la vacunación “cuando la seguridad y la eficacia comprobadas de las vacunas frente a la COVID-19, en concreto, dista aún de ser la ideal y cuando existen medios alternativos, como las pruebas PCR y la inmunización natural por recuperación de la enfermedad, que pueden demostrar que uno está libre del virus o protegido frente a él”.
-
El certificado digital de la Unión Europea sí permite acreditar alternativamente vacunación, diagnóstico negativo por PCR o inmunización natural, por eso Djokovic pudo competir sin problema el año pasado en los torneos de Montecarlo, Madrid, Roma o Roland Garros.
En su estudio “Vacunas, certificados COVID y control de fronteras: reflexiones en torno al caso Djokovic”, el profesor García Ruiz destaca: “Djokovic es una persona joven y un deportista profesional de élite, que hizo un legítimo cálculo de riesgo-beneficio en su momento y optó por no vacunarse contra la COVID-19, ejerciendo así su derecho a no someterse a un tratamiento médico involuntario.
El tenista serbio disponía de medios para realizarse pruebas PCR con frecuencia y, además, acababa de pasar la enfermedad a finales de 2021, como atestiguaron dos paneles médicos imparciales. Más allá de cierta torpeza y contradicciones en las que incurrieron él y su equipo durante aquellos días, la inmunidad que adquirió debió bastar para dejarle entrar en Australia. Impedírselo fue irracional y acientífico, ya que, en el corto-medio plazo, la inmunidad natural frente a una enfermedad protege tanto o más que la vacuna frente a ella”.
Una temporada 2023 diferente
Para Djokovic, la temporada de 2023 va a ser, sin duda, diferente. La medida que le obligaba a vacunarse contra la COVID-19 para entrar a Australia desde el extranjero dejó de estar en vigor en julio. Y otros países con exigencias similares, como Nueva Zelanda y Canadá, han seguido el mismo camino; no así Estados Unidos, que aún le cierra las puertas de los torneos de Indian Wells, Miami, Cincinnati y US Open.
-
En principio, Djokovic no iba a poder beneficiarse del cambio normativo en Australia, porque su expulsión llevaba aparejada la suspensión de su visado de entrada hasta enero de 2025.
Sin embargo, el pasado mes de noviembre, el nuevo ministro de Inmigración australiano decidió revocar esa suspensión, lo que le está permitiendo disputar la presente edición del Australian Open, con serias opciones de triunfo.
-
“Parece un asunto resuelto, pero solo hasta cierto punto, porque el perjuicio ya causado ni ha sido reconocido, ni es reparable. Y porque además el efecto ejemplarizante que se buscó con la medida ya ha tenido lugar”, destaca García Ruiz.
El profesor de la CEU UCH destaca en su investigación que la expulsión del tenista serbio fue ejemplarizante, porque el Tribunal que la autorizó no lo hizo aludiendo a su expediente médico, ni a su estatus migratorio –a los que no puso reparo– sino a que, en su condición de estrella deportiva, la presencia de Djokovic en Australia podía alentar a los movimientos antivacunas y frenar la vacunación juvenil en el país
Son argumentos “inaceptables”, según explica García Ruiz: “Es un ‘dime de quién estamos hablando y te diré si le castigo o no’. En este caso, argumentan que al ser Djokovic una estrella deportiva, su actitud puede influir en otros, por eso no debía entrar en el país, ni siquiera con una exención médica razonable.
Esto es una grave anomalía jurídica, porque basa el castigo, primero, en su condición de extranjero –los australianos nunca tuvieron obligación estricta de vacunarse– y después, en la infracción por su parte de un supuesto deber que depende de una pura apreciación subjetiva”. García Ruiz añade: “Conste que no soy especialmente fan de Djokovic y no quiero que supere a Nadal ni en trofeos, ni en Grand Slams, pero creo que, en este asunto, sencillamente tiene razón”.
Estado de Derecho, ¿en retroceso?
Para el autor del estudio, el ‘caso Djokovic’ está conectado con la crisis que atraviesa el Estado de Derecho en tiempos de pandemia. “Desde marzo de 2020, estamos asistiendo en nuestras sociedades a un preocupante deterioro en la protección de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía y a un correlativo enaltecimiento de la seguridad, en detrimento de la libertad, de tono marcadamente paternalista.
Ciertamente, esa deriva viene ya de antes: hay quien pone el punto de inflexión en el 11-S y en la reacción que desencadenó en su día, pero con la pandemia esa tendencia está alcanzando cotas más elevadas”.
Leopoldo García Ruiz es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia y miembro del Grupo de investigación “CEDRI-Protección internacional de los derechos humanos”, coordinado por la catedrática de Derecho Internacional Público de la CEU UCH Susana Sanz Caballero.
Su estudio del ‘caso Djokovic’ se integra en el Proyecto de investigación “Crisis del Estado de Derecho en la UE: causas, efectos y propuestas de solución jurídicas y políticas”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. PID2021-126765NB-I00) y por la Generalitat Valenciana (ref. AICO/2021/099), que actualmente desarrollan dieciséis investigadores de seis países y ocho universidades europeas.
