La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado el avance del programa de colaboración con los ayuntamientos para reforzar el control de las viviendas de uso turístico y luchar contra la economía sumergida en el sector, tras la adhesión formal del Ayuntamiento de Alicante al convenio de delegación de competencias sancionadoras.
Cano ha señalado que “el Ayuntamiento de Alicante puede ya iniciar el ejercicio de estas competencias, tras revisar e informar favorablemente su solicitud de adhesión al convenio marco para la delegación del ejercicio de las competencias sancionadoras en materia de viviendas de uso turístico”.
La consellera ha recordado que esta línea de colaboración se articula a través del convenio marco suscrito con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que permite a los ayuntamientos adheridos asumir la resolución de los procedimientos sancionadores, “con el objetivo de lograr una actuación más ágil, eficaz y cercana frente a posibles irregularidades”.
Con la incorporación de Alicante, ya son siete los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que tienen delegado el ejercicio de las competencias sancionadoras en materia de viviendas de uso turístico: València, Faura, la Font d’en Carròs, Benidorm, Piles, Ayora y Alicante.
Marián Cano ha subrayado que este modelo de colaboración “refuerza la coordinación entre administraciones y mejora la capacidad de control desde el ámbito local”, y ha añadido que “la Generalitat seguirá impulsando este sistema para garantizar un desarrollo ordenado, legal y sostenible de las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana”.
Depuración del Registro de Turisme CV
Asimismo, la consellera ha puesto en valor el avance en la depuración del Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, que se está llevando a cabo tras la aprobación en 2024 de la Ley Autonómica de Viviendas de Uso Turístico, impulsada por el Consell.
En este sentido, Cano ha señalado que solo en 2025 se han dado de baja más de 18.300 viviendas de uso turístico que no cumplían la normativa, y ha añadido que durante 2026 el proceso continúa con la tramitación de la baja de otras 11.000 viviendas adicionales.
Según ha destacado, esta normativa y el proceso de actualización del Registro “están favoreciendo la legalidad, el control del intrusismo y un modelo turístico más equilibrado”, al tiempo que “contribuyen a evitar la saturación, proteger los barrios y preservar la calidad de vida de la ciudadanía”.
