El Pleno del Consell ha aprobado la declaración de urgencia para la tramitación del proyecto de decreto del Consell que regula la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana, así como su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
Este decreto es un paso fundamental en el desarrollo del marco normativo establecido por la Ley de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, que tiene como objetivo establecer un sistema de servicios sociales basado en criterios de calidad, eficiencia y accesibilidad, y garantizar que los servicios sociales sean prestados de forma óptima en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.
Entre las normas que desarrollan dicha ley se encuentra el decreto que regula la tipología y el funcionamiento de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana, que ha recibido más de 1.700 aportaciones de diversos actores del sector, incluyendo agentes empresariales, sindicatos, entidades del tercer sector, colegios profesionales, expertos y supervisores de los servicios sociales. Estas contribuciones han permitido mejorar y adecuar la normativa a las necesidades de las entidades y de los usuarios.
Un sistema organizado de los servicios sociales
En este sentido, el nuevo decreto establece un sistema coherente, organizado y planificado de los servicios sociales en la Comunitat Valenciana, garantizando que los centros, servicios y programas se adapten mejor a las demandas de la sociedad. Además, prevé la aprobación de órdenes complementarias que regularán de manera detallada aspectos clave como las condiciones materiales de los centros y las características de los espacios; las instalaciones, el equipamiento y el mobiliario; las plantillas y ratios de personal; así como las titulaciones profesionales, la estructura organizativa y los sistemas de participación de centros y los programas.
La tramitación urgente de este proyecto normativo responde a la necesidad de dar respuesta rápida a las demandas del sector, dado el tiempo transcurrido desde la presentación de las numerosas propuestas de mejora y tras la emisión de la consulta pública previa de este nuevo decreto, en noviembre de 2024. Una demora debida a la respuesta a los daños causados por la dana, en la que ha tenido que emplearse la Generalitat desde finales del mes de octubre.
