«Se va a acreditar porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia ni que hablé con nadie del Gobierno o la SEPI.»
José Luis Rodríguez Zapatero, TVE, 23 de julio de 2026.
La frase parece irreprochable. José Luis Rodríguez Zapatero pidió el pasado jueves en TVE que nadie creyera en su inocencia por afecto o disciplina partidista, sino por los hechos. El problema es que, durante cuarenta minutos, ofreció pocos hechos verificables. Negó conversaciones, contactos, presiones, intermediaciones, sociedades opacas y desvíos de dinero. Defendió su trayectoria, su legalidad y sus principios. Pero la prueba principal de todo ello fue, precisamente, su palabra.
Zapatero formuló negaciones categóricas:
«No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate a Plus Ultra»; «nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia»; «jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore». Son afirmaciones claras y comprobables. También arriesgadas. Al pronunciarlas no se limitó a reivindicar la presunción de inocencia, que le corresponde plenamente. Elevó su defensa a una apuesta pública: si no aparecen esos contactos, su versión saldrá reforzada; si aparecen conversaciones autenticadas que los acrediten, su credibilidad política quedará destruida.
La misma estructura utilizó al hablar de sus hijas.
Ante las sospechas sobre los pagos recibidos por Whathefav desde Análisis Relevante, aseguró que ellas trabajaron y que presentarán «todos sus trabajos, sus tareas y sus contratos». Puede ser cierto. Pero el jueves no mostró esos trabajos ni explicó su contenido, su precio o su correspondencia con los pagos investigados. Prometió una acreditación futura y pidió que, mientras llega, aceptemos su certeza presente. De nuevo, no fe; pero algo peligrosamente parecido.
Tampoco desmintió documentalmente los informes de la UDEF.
Manifestó respeto por la unidad policial y por el juez, aunque recordó que el procedimiento es contradictorio y cuestionó la incorporación y filtración de información privada. Su defensa había trasladado ya la batalla hacia la validez procesal de algunas conversaciones obtenidas en Estados Unidos. Es una estrategia legítima. Pero discutir cómo se obtuvo una conversación no equivale a demostrar que nunca existió. Y dos directivos de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han ratificado en sendos escritos dirigidos al juzgado que varios de aquellos mensajes «reflejan fielmente lo que se dijo».
Ahí comienza el verdadero riesgo.
Julio Martínez Martínez sostiene que Zapatero dirigía materialmente la estrategia de Análisis Relevante, captaba clientes y «marcaba los pasos a seguir» en las gestiones para obtener financiación. El presidente de Plus Ultra afirma que recibió una llamada del expresidente, quien le ofreció ayuda y lo remitió a Martínez como persona de confianza. Los directivos de la aerolínea reconocen pagos elevados por aquellas gestiones y una comisión vinculada al éxito de la operación. Son investigados que defienden sus propios intereses y sus palabras no constituyen una sentencia. Pero ocupan exactamente el espacio que Zapatero declaró vacío.
Antes que ellos, Víctor de Aldama, Koldo García y Víctor Ábalos habían lanzado acusaciones sobre la intervención o los intereses de Zapatero en Plus Ultra. Algunas proceden de referencias indirectas y ninguna demuestra por sí sola un delito. Sin embargo, el problema político no reside sólo en la credibilidad aislada de cada acusador, sino en la acumulación de testimonios adversos. A esa cadena se han incorporado ahora quienes estaban dentro de la aerolínea y quien administraba la consultora.
Por eso la entrevista permite, al menos, tres lecturas.
La más favorable para Zapatero es que esté convencido de que no existe ninguna prueba capaz de contradecirlo y haya decidido jugar fuerte porque sabe que ganará.
La segunda es política: que haya asumido el papel de cortafuegos para proteger al PSOE y a Pedro Sánchez, a quien agradeció públicamente su apoyo, mientras reconocía su temor a que el caso dañara al partido.
La tercera es procesal: que su estrategia confíe menos en refutar el contenido de las conversaciones que en impedir que sean admitidas como prueba por dudas sobre su obtención, integridad o cadena de custodia.
No existe base para afirmar que Sánchez le ordenó comparecer ni para anticipar que el Tribunal Constitucional acabará neutralizando la causa. Presentarlo como un hecho sería fabricar aquello que se critica. Pero sí puede afirmarse que Zapatero ha elegido una defensa de riesgo máximo. No ha dejado espacio para el error, el olvido o el matiz. Ha ligado su credibilidad pública a que las conversaciones no existan; y su suerte judicial, a que, si existen, no puedan utilizarse.
La Justicia decidirá si hubo delito. La política resolverá antes otra cuestión: cuánto puede resistir la palabra de un dirigente cuando quienes trabajaron a su alrededor empiezan a contar una historia distinta.
La presunción de inocencia es un derecho. La presunción de veracidad, no.
«La política resulta casi tan apasionante como la guerra e igual de peligrosa. En guerra solo pueden matarte una vez; en política, muchas.»
- Winston Churchill
