Ante la falta de eficacia de las medidas del Ayuntamiento para perseguir la actividad ilegal de los apartamentos turísticos que siguen invadiendo viviendas y bajos comerciales, ante la incertidumbre del desastre de registro público de la Generalitat Valenciana en el que no hay ni el 80% de la oferta real registrada, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia (FAAVV) propondrá este viernes a todas las asociaciones vecinales de la ciudad desplegar una campaña informativa en todos los barrios para explicar los recientes cambios en la Ley de la Propiedad Horizontal que facultan a las comunidades de propietarios a prohibir el alojamiento turístico en la finca.
Con un cartel como reclamo que representa lo buzones de los vecinos de cualquier edificio en el que los nombres de los residentes son sustituidos por números de habitación, la FAAVV presenta este viernes por la tarde en el plenario de asociaciones vecinales una invitación a organizar encuentros con vecinos para explicar los nuevos derechos que les asisten y el procedimiento para prohibir la actividad en su comunidad.
Un nuevo derecho para proteger los barrios
En un momento en que los efectos del turismo intensivo sobre los barrios y sus comunidades se han vuelto insostenibles, se ha aprobado un cambio legislativo clave que pone una herramienta nueva y poderosa en manos de las personas que viven en estos barrios: el derecho colectivo a decidir sobre la presencia de viviendas turísticas en su edificio. Desde el 3 de abril de 2025, transformar una vivienda o adaptar un bajo para dedicarlo al alojamiento turístico, deberán obtener la conformidad de 3/5 partes de las comunidades de propietarios
Las comunidades de propietarios también pueden anticiparse y prohibir legalmente la instalación de nuevos pisos turísticos en sus fincas, siempre que obtengan el respaldo de tres quintas partes de las cuotas de participación y propietarios. Es un hito legislativo que convierte la organización vecinal en poder legal efectivo.
Y esto debe saberse.
En los barrios se constata que la actividad de los apartamentos turísticos no cesa y, a pesar de los periódicos anuncios de cierres y supuestas inspecciones, el número de alojamientos no deja de crecer en las plataformas.
Además, ahora nos enfrentamos a las palmarias contradicciones entre la normativa de la Generalitat que “legaliza” lo que el PGOU prohíbe, pues nos encontramos con apartamentos turísticos “legalizados” al figurar en el registro de la Generalitat pero que incumplen las incompatibilidades que establece la normativa urbanística vigente.
Hay una enorme incertidumbre entre los vecinos pues ni el Ayuntamiento explica a quién y cómo concede licencia de actividad a pesar de la moratoria, ni la Generalitat aclara actualizando un registro obsoleto. Es necesario que los vecinos conozcan y debatan lo que está pasando, que sepan cuáles son sus derechos y tomen cartas en el asunto.
