La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado la próxima contratación de auxiliares administrativos y trabajadores sociales. El objetivo es reforzar los servicios de Registro, Padrón y Servicios Sociales Municipales. Según Catalá, la medida busca dar respuesta a la gestión ordinaria de los vecinos. También pretende afrontar el colapso que genera el decreto de regularización del Gobierno en los ayuntamientos de toda España. “Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a reforzar los servicios implicados”, ha asegurado la alcaldesa.
El consistorio contratará personal a través de la bolsa de empleo específicamente para este proceso. Catalá sostiene que la ciudadanía no debe sufrir la falta de planificación de un Real Decreto hecho a espaldas de los ayuntamientos. La alcaldesa se ha reunido esta mañana con las jefaturas de Servicios Sociales y Registro. En el encuentro han participado también Julia Climent, Marta Torrado y Juan Carlos Caballero
Reclamación económica al Gobierno central
El montante previsto para estas contrataciones alcanza el millón de euros. La alcaldesa advirtió que el Ayuntamiento reclamará ese importe al Gobierno de España. “Estudiaremos todas las vías para exigir este pago a Pedro Sánchez”, aseguró. Catalá defiende que la lealtad financiera también debe aplicarse a los ayuntamientos. Según la primera edila, si una norma estatal sobrecarga el trabajo local, el Estado debe aportar los recursos necesarios. Se preguntó cómo atender el día a día de los valencianos ante esta avalancha de solicitudes sin ayuda externa.
Falta de planificación y trabajo «a ciegas»
La alcaldesa criticó duramente la gestión del proceso de regularización. Afirmó que los ayuntamientos sufren las consecuencias de la falta de información del Ejecutivo central. Catalá considera inadmisible que el Gobierno actúe sin contar con las entidades locales. Recordó que los ayuntamientos reciben las colas y a personas con muchas dificultades.
Además, denunció que la Secretaría de Estado de Inmigraciones pidió ayuda el viernes pasado por la tarde. Esta carta llegó cuando el proceso ya había comenzado. La alcaldesa lamentó la ausencia de planificación previa. También criticó que no se mencionara esta circunstancia en la Comisión Nacional de Administración Local. Por ello, asegura que los ayuntamientos trabajan a ciegas, lo que genera colas y demoras en los trámites ordinarios.
Dudas sobre la acreditación de vulnerabilidad
Catalá también señaló la confusión jurídica del proceso. Citó un informe del Consejo de Estado que advertía sobre la falta de un marco claro de actuación. Según la alcaldesa, existe mucha inseguridad e información contradictoria entre las entidades. Además, el Gobierno ha volcado en los municipios funciones de competencia dudosa.
La alcaldesa enviará una carta al Gobierno para exigir aclaraciones sobre la acreditación de vulnerabilidad. Cuestionó por qué se exige este certificado si el Real Decreto ya conecta la irregularidad con la vulnerabilidad. Según los técnicos, emitir estos informes requiere un conocimiento contrastado que queda fuera de sus funciones profesionales. El problema se agrava cuando el solicitante no ha sido usuario previo de los servicios públicos.
Atención centralizada en la Casa Consistorial
Finalmente, Catalá explicó que el gobierno municipal no establecerá oficinas alejadas de la administración local. El proceso se ha centralizado en la oficina de padrón de la Casa Consistorial. Allí se encuentran los técnicos, secretarios y servicios jurídicos de la casa. La alcaldesa argumentó que no han querido derivar el problema a lugares externos como Feria València. Su vocación es que estas personas reciban atención directa de los profesionales municipales y cuenten con el máximo apoyo posible.
