El caso que el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia instruye contra 14 funcionarios y altos cargos de la Cosnellería de Igualdad y Políticas Inclusivas ha dado un nuevo vuelco.
Este juzgado del Cap i Casal investiga si hubo una «instrucción» o «estrategia organizada» para desmontar a la entonces menor abusada por el entonces marido de Mónica Oltra. El juez investiga si «para salvar la carrera política de la ya ex-vicepresidenta y líder de Compromís» se urdió una trama que trató de primero ocultar los abusos a la menor y posteriormente de desacreditarla.
Son 14 los investigados por este hecho de la Consellería de Políticas Inclusivas. El caso obligó finalmente a la ex-vicepresidenta a dimitir tras una semana bochornosa para los valencianos. Oltra y su entorno negó la mayor y acusó a jueces, fiscales, policías y hasta medios de comunicaciónd e conspirar en su contra y de ser de «extrema derecha».
Nuevas investigaciones de los correos de los 14 investigados
La acusación particular pidió el acceso a los correos electrónicos de los investigados. Si bien en un primer momento el juzgado aseguró que la medida era «desproporcionada y podría violar ñlas comunicacioens secretas y la intimidad de los investigados», un recurso de la acusación particular ante tal decisión ha hecho reconsiderar la petición.
Ahora incluso la Fiscalía accede a poder investigar los correos electrónicos de los investigados pero concreta mucho las fechas. Así se investigarán los correos de los 14 acusados en unos períodos de tiempo muy concretos. Recordemos que son correos de la Generalitat Valenciana, y por tanto corporativos de persoans que ejercen la función pública para lo que están encomendados.
La Fiscalía accede a que se investiguen los correos corporativos de la Generalitat Valenciana de estos 14 investigados entre febrero y marzo de 2017 donde supuestamente ya conocían el caso y entre junio y noviembre de ese mismo año.
La reacción de Oltra
Mónica Oltra y su defensa al conocer la noticia se han negado en rotundo a estas nuevas investigaciones, asegurando que «vulneran el derecho a la intimidad«. Parece que lo de la transparencia en el gobierno cuando afecta a uno mismo ya no sirve. Oltra va a intentar utilizar este hecho para asegurar que «vulneran el derecho a la intimidad» pero olvida que son correos propiedad de una entidad pública y van a ser investigados por personas de la investigación judicial.
Por su parte, desde la Generalitat Valenciana, la nueva vice-presidenta Aitana Mas aseguró en Corts Valencianes el pasado julio que iba a mantener a todos los investigados en sus cargos esperando a que avance la investigación judicial. Aitana Mas ha evitado concretar cuál es el límite o línea roja para apartarlos de sus cargos, y mantiene incluso a los asesores de Oltra en la Consellería.
Los abusos a menores tutelados
También ayer hubieron novedades respecto de la investigación socilitada en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en cuanto a los abusos a menores tutelados en la Comunitat Valenciana.
La Generalitat Valenciana ha intentado la última semana evitar que siga su curso y finalmente se produzca la investigación. Un nuevo ejemplo de total opacidad. pero ayer Elena Bastidas, parlamentaria popular en Corts Valencianes compareció y relató todo lo que ellos sabían y les había llegado. Así como por qué elevaban esta petición debido a los numerosos casos y que se niegan a ser investigados pro la propia administración valenciana.
La comisión finalmente aprobó seguir el cauce de la petición y proceder a la peticiónd e investigación por parte de la Unión Europea de los casos de abusos a menores tutelados por la propia Generalitat Valenciana. Los propios asesores de Aitana Mas trataban en redes sociales de acallar las críticas criticando a la propia institución europea. Utilizaban el hecho de que esa comisión estaba presidida por una cargo popular.
Las instituciones valen o no valen según el color político
Que unos asesores y cargos de la propia Generalitat Valenciana siembren la duda de las instituciones públicas es grave. Parece que según el color político de la personas que dirija la comisión, o la institución es válida o hay que criticarla.
Falso favor a la democracia le hacen estos cargos de la Generalitat Valenciana, más bien se acercan al fascismo ideológico, que atenta contra la libertad de pensamiento. «Si no piensas como yo no vales para nada». Un error que socaba los propios pilares de la democracia y la convivencia social respetando los valores del prójimo y su propia libertad.
Lo vergonzante es que personas que trabajan para una institución pública, la Generalitat Valenciana, se permitan dar lecciones de moral y democracia. Intentando hundir a otras instituciones y poniendo en duda su valor por no estar gobernadas o presididas por gente ideológicamente afín. Eso se llama fanatismo y de ahí al fascismo ideológico tan sólo hay un salto. Un duro precedente antidemocrático que Chimo Puig permite en su Generalitat Valenciana fuertemente ideologizada y que carece de cualquier respeto por tanto.
