El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado al ministro de Hacienda, Arcadi España, el abono de los 5.000 millones de euros que, según el Consell, el Gobierno de España adeuda a la Comunitat Valenciana en materia de dependencia y asistencia sanitaria, además de exigir una mayor inversión en infraestructuras estratégicas para el territorio.
Tras la reunión mantenida entre ambos responsables, el jefe del Consell ha insistido en la necesidad de resolver cuestiones que considera prioritarias para garantizar la financiación de los servicios públicos y el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana.
Reclamación de 5.000 millones por dependencia y sanidad
Pérez Llorca ha señalado que el Gobierno central mantiene una deuda de 4.000 millones de euros derivada de la financiación de la dependencia, al recordar que existe un compromiso legal por el que el Estado debe asumir el 50 % de estos gastos.
Asimismo, ha cifrado en otros 1.000 millones de euros la cantidad pendiente por la atención sanitaria prestada a ciudadanos desplazados de otras comunidades autónomas.
El president ha solicitado al Ministerio de Hacienda que concrete los plazos para el reembolso de ambas cantidades.
Más inversiones en infraestructuras estratégicas
Durante el encuentro también se abordaron las principales necesidades de la Comunitat Valenciana en materia de infraestructuras.
Entre las actuaciones prioritarias planteadas por el Consell destacan la finalización del Corredor Mediterráneo, la ampliación de los aeropuertos de Alicante-Elche y Valencia-Manises, así como el impulso definitivo al Plan de Cercanías.
Pérez Llorca también ha reclamado acelerar la recuperación de la línea C-3 Valencia-Utiel, afectada por la dana, la duplicación de vías de la línea C-1 y proyectos pendientes como el Tren de la Costa, la ampliación de la línea Alicante-San Vicent del Raspeig y el soterramiento ferroviario de Alfafar, Sedaví y Benetússer.
Preocupación por el agua y las infraestructuras hidráulicas
El president ha trasladado además su preocupación por la situación hídrica de la Comunitat Valenciana y por las decisiones que afectan al trasvase Tajo-Segura.
En este sentido, ha reclamado un refuerzo de las inversiones estatales en infraestructuras hidráulicas y ha pedido acelerar las obras prioritarias para la reconstrucción tras la dana.
Asimismo, ha alertado sobre el bajo grado de ejecución de determinadas actuaciones por parte de las confederaciones hidrográficas, especialmente la del Júcar.
Defensa de una financiación autonómica justa
Otro de los asuntos centrales de la reunión ha sido la reforma del sistema de financiación autonómica.
Pérez Llorca ha defendido que la negociación del nuevo modelo debe realizarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con la participación de todas las comunidades autónomas.
El president ha asegurado que la Comunitat Valenciana acudirá a esa negociación para reclamar un sistema de financiación “justo, equitativo e igual para todos los españoles”.
Petición de un Fondo de Nivelación Transitorio
Durante la reunión, el jefe del Consell también ha insistido en la necesidad de poner en marcha un Fondo de Nivelación Transitorio mientras se aprueba el nuevo modelo de financiación.
Según ha explicado, esta medida permitiría corregir temporalmente los desequilibrios que afectan a las comunidades peor financiadas.
Pérez Llorca ha mostrado su desacuerdo con la negativa del Ministerio a impulsar este fondo y ha considerado que su creación sería una muestra de voluntad para alcanzar un acuerdo sobre la reforma del sistema.
Ayudas para la reconstrucción tras la dana
El president también ha reclamado una mayor implicación económica del Gobierno de España en la recuperación de los municipios afectados por la dana.
Ha solicitado que los mecanismos de financiación habilitados para la reconstrucción se transformen en ayudas a fondo perdido y ha pedido explicaciones sobre la distribución de los fondos procedentes de la Unión Europea.
Asimismo, ha reclamado modificaciones normativas para agilizar la contratación de obras de emergencia, facilitar la reconstrucción municipal y exonerar del pago de intereses a las personas afectadas por las inundaciones.
Finalmente, ha solicitado la devolución del IVA abonado por la Generalitat en los contratos de emergencia y reconstrucción, una cantidad que ha cifrado en aproximadamente 82 millones de euros.
