El Grupo Parlamentario VOX ha presentado esta mañana una moción subsiguiente a la interpelación en Les Corts Valencianes con el objetivo de implantar cuanto antes un protocolo general para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Generalitat Valenciana.
La propuesta incluye la ejecución de las líneas previstas en el Presupuesto de 2025, que contemplan la realización de pruebas periciales médicas a los menores tutelados, así como el establecimiento de acuerdos de colaboración con los países de origen para facilitar reagrupaciones familiares y programas de reintegración.
Intervención de David Muñoz en Les Corts
Durante su intervención en el Pleno, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, David Muñoz, se ha dirigido a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, preguntándole:
“¿A cuántos MENAS, bajo tutela de la Generalitat, se les ha hecho una prueba para determinar su edad y así evitar fraudes? Sabemos que muchos no son menores, sino mayores de edad que se aprovechan de nuestros recursos”.
Muñoz ha recordado que el pasado año VOX presentó una iniciativa en el Pleno “para que el Consell estableciese un protocolo general con pruebas periciales y médicas”, insistiendo en que su grupo “no puede apoyar el fraude masivo” y denunciando el coste que supone la atención a estos menores en la Comunitat Valenciana.
Costes y saturación del sistema de acogida, según VOX
El portavoz ha señalado que “cada plaza de un menor extranjero no acompañado nos cuesta 6.500 euros al mes” y ha afirmado que “en la Comunidad Valenciana no hay plazas para acoger a más menores no acompañados y los centros están desbordados”.
En su intervención, Muñoz ha advertido de una “crisis migratoria sin precedentes” y ha acusado al Gobierno de España de “actuar como promotor de la inmigración ilegal”.
Posición política del partido
El diputado ha añadido que “solo VOX rechazó en el Congreso de los Diputados legalizar a medio millón de inmigrantes ilegales” y ha recordado que su formación “fue expulsada de los gobiernos autonómicos al no aceptar el reparto de menores no acompañados propuesto por el Ejecutivo central”.
Por último, Muñoz ha subrayado que “los menores extranjeros que entran ilegalmente en España deben volver con sus padres a sus países de origen”, denunciando las políticas de “puertas abiertas” del Gobierno y su impacto en los servicios públicos.
