La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha defendido la independencia judicial y ha reivindicado el respeto a la separación de poderes, al tiempo que ha criticado la instrumentalización de la Justicia llevada a cabo por el Gobierno central.
Críticas a la nueva ley de enjuiciamiento criminal
La titular de Justicia se ha pronunciado de este modo tras la aprobación del Consejo de Ministros del proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que deja las investigaciones penales a fiscales, “una medida que permite la politización y la intervención por parte del Gobierno”.
“No podemos consentir que el Gobierno central reste en los procesos penales la competencia de investigación a los jueces para atribuírsela a los fiscales, cuando éstos se encuentran sometidos a la dependencia jerárquica de un Fiscal General del Estado nombrado a propuesta del Gobierno”, ha advertido.
Riesgo para la separación de poderes
La consellera ha recordado que “esta reforma, junto con el proyecto de Ley Orgánica por la que el Gobierno central pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, ponen en riesgo la independencia judicial”.
“Estamos viendo como en los últimos meses el Gobierno de España ha realizado actos que han comprometido severamente la imagen de independencia del Ministerio Fiscal, y la reforma que plantea para que sea la Fiscalía la que asuma la instrucción en el ámbito penal, no es sino la clara muestra del desprecio del Gobierno central por los principios básicos de un Estado de derecho al pretender influir desde el poder ejecutivo en las instrucciones penales”, ha advertido Martínez.
Una reforma de dudoso encaje constitucional
Además, la consellera ha asegurado que se trata de una reforma que además “tiene dudoso encaje constitucional, puesto que la instrucción penal está ligada a la función jurisdiccional, que la Constitución reserva en exclusiva a jueces y magistrados”.
Preocupación por el fondo y las formas
“Como Consell nos preocupa el fondo de estas reformas legislativas, pero preocupan también las formas. No es de recibo, cuando estamos hablando de la tutela de los derechos y libertades, que el Gobierno de España y la mayoría parlamentaria que lo sustenta, desoigan y desprecien las alegaciones propuestas, y el sentir de la inmensa mayoría de jueces, magistrados y fiscales”, ha puntualizado.
