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La institución provincial reivindica, a través de una moción del Grupo Popular, el mantenimiento de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura
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Visto bueno a los contrato-programa de servicios sociales con financiación provincial de 3,3 millones de euros
El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado hoy por unanimidad el acuerdo de colaboración entre la institución provincial y la Generalitat Valenciana para la financiación y ejecución de infraestructuras y actuaciones en los sistemas de saneamiento y de tratamiento, depuración y reutilización de aguas residuales en la provincia de Alicante.
El convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años y en el que también participa la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR), contempla un presupuesto de 15,5 millones de euros con el que se prevé ejecutar un total de 27 actuaciones por distintos municipios de la provincia. La Generalitat aportará entre las anualidades 2025 y 2028 un total de 14,2 millones de euros, mientras que la aportación provincial será de 1,3 millones.
El acuerdo establece que se beneficiarán del mismo los sistemas de saneamiento y depuración de hasta 10.000 habitantes, aunque en caso de urgencia o necesidad, si así lo acuerdan las partes, se podrán actuar en otros de mayor población. Los proyectos aprobados inicialmente incluyen la reforma integral de estaciones depuradoras como la de Sanet y Negral, Vall de Laguar, Gorga, Orba, Tibi o Gata de Gorgos, la mejora de otras como la de Benijófar, Murla, Beniglembla, Planes, Finestrat o La Romanaentre otras, o la ejecución de nuevas estaciones depuradoras como las del barrio La estación y Las Virtudes de Villena.
A la Diputación de Alicante le corresponderá la redacción de los proyectos y la dirección facultativa, entre otras actuaciones, así como la financiación del 10% de las obras en instalaciones de titularidad local. Una comisión de seguimiento evaluará la programación existente.
En materia de agua, el pleno también ha aprobado hoy la moción presentada por el Grupo Popular para reivindicar el mantenimiento de las actuales reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
El texto, respaldado por Vox, con la abstención del PSOE y el rechazo de Compromís, denuncia que los cambios propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica reducirán hasta un 40% los caudales del trasvase Tajo-Segura en 2027. Según Ana Serna, estos recortes ponen en riesgo la agricultura, el empleo y el crecimiento económico en Alicante, con pérdidas estimadas de 61 millones de euros y 1.700 empleos.
La vicepresidenta Ana Serna ha criticado el aumento del caudal ecológico del trasvase Tajo-Segura, asegurando que no se basa en criterios técnicos y responde a intereses políticos. Por su parte, el PSOE ha defendido la gestión hídrica del Gobierno central, afirmando que se ha trasvasado más agua con Pedro Sánchez que con Rajoy. Compromís ha acusado al PP de incoherencia en sus posturas hídricas y Vox ha exigido un Plan Hidrológico Nacional y ha cargado contra la Agenda 2030 por sus efectos en la agricultura.
Durante el pleno, se han aprobado los contrato-programa entre la Diputación de Alicante, varias mancomunidades y el Ayuntamiento de Bigastro para reforzar los servicios sociales. La Diputación destinará más de 3,3 millones de euros a financiar programas como ayuda a domicilio, atención alimentaria, ayudas económicas y personal técnico y administrativo en servicios sociales.
Asimismo, se ha acordado el cierre de la Comisión de Investigación sobre las irregularidades en el examen de oposición para auxiliares administrativos. El equipo de gobierno ha atribuido el error a un fallo humano y ha asegurado que se han tomado medidas para evitar su repetición. No obstante, PSOE y Compromís han expresado sus dudas sobre la falta de intencionalidad en lo ocurrido y han cuestionado la transparencia del proceso.
Mociones
En el apartado de mociones, ya fuera del orden del día, se han abordado distintas propuestas de los grupos políticos, entre ellas una defendida por el grupo Socialista para la creación de ayudas destinadas a municipios de mil habitantes para la apertura de piscinas municipales y para la atención del incremento estacional de población en municipios en riesgo de despoblación.
La propuesta ha sido rechazada por el equipo de gobierno alegando que ya se está trabajando en la puesta en marcha de una primera fase del Plan +Cerca con 6,1 millones de euros derivados del Plan Económico Financiero de la Diputación, también aprobado hoy en pleno, y ajustada en todo momento a la tramitación que marca la normativa.
El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha lamentado que el Gobierno central impida a los ayuntamientos usar sus ahorros y ha reclamado el fin de las reglas fiscales y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, para que la Diputación reciba los 50 millones de euros que le corresponden por su participación en los tributos estatales.
Por otra parte, desde Compromís se ha elevado una moción para el reconocimiento y protección de los derechos de las personas trans de la Comunitat Valenciana, que ha contado con el respaldo del Grupo Socialista y el rechazo de los Grupos Popular y Vox. La formación valencianista rechaza en su texto la modificación de la ley 8/2017 de la Generalitat que reconoce el derecho a la identidad y a la libertad de expresión de género y exige al Consell que se ‘recupere la prohibición de la práctica de todas las terapias de conversión’, entre otras cuestiones. “Es un retroceso en derechos que hace mucho que no se ve”, ha apuntado Ximo Perles, que ha contado con el apoyo del Grupo Socialista.
Vox ha respaldado el cambio normativo de la ley valenciana sobre personas trans, mientras que el PP ha destacado el papel de las familias en la educación. La diputada de Bienestar Social e Igualdad, Loreto Serrano, ha explicado que con esta modificación se busca adaptar la norma autonómica a la Ley Trans estatal de 2023, que prevé un servicio de acompañamiento para la infancia trans.
Por otro lado, el Grupo Socialista ha defendido una moción para crear una Feria de Turismo Provincial con el fin de impulsar la innovación y conectar a los municipios con el sector. Sin embargo, fue rechazada por el equipo de gobierno. El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, consideró ineficaz esta propuesta y defendió las acciones del Patronato de Turismo, así como la consolidación de Alicante Gastronómica como oferta turística provincial.
Además, Vox propuso una moción —también rechazada— para prohibir la distribución de alimentos en la vía pública, aumentar la plantilla de Policía Local y revisar subvenciones a ONG. Por último, todos los grupos salvo Vox apoyaron una moción conjunta a favor de las cooperativas, destacándolas como motor económico y social. La formación justificó su rechazo por “motivos ideológicos”.
