La Diputació de València garantiza los servicios sociales de atención primaria a los municipios de menos de 15.000 habitantes hasta que entre en vigor el nuevo convenio que ultima la Generalitat y que se espera para el próximo año. Así lo ha asegurado este jueves la diputada de Bienestar Social, Imma González, quien ha explicado que “los servicios jurídicos de la Diputación trabajan en la aplicación de unas adendas, contempladas en la cláusula número 11 de los contratos firmados entre la Diputación y los entes locales, que servirán para prolongar la vigencia de los mismos hasta que esté listo el nuevo contrato marco que prepara el Consell”.
Imma González destaca “la importancia de los contratos programa con ayuntamientos y mancomunidades, que cubren servicios básicos en más de un centenar de municipios de la provincia”. “El problema es que la Diputación tiene firmados 38 contratos con ayuntamientos y 23 con mancomunidades, que a su vez prestan servicio a municipios pequeños, que caducan el 31 de diciembre de este año”, detalla González, que ya avanzó en el pleno de octubre, a pregunta de la oposición, que la corporación provincial “mantendrá la prestación de los servicios hasta que la Generalitat publique el nuevo convenio sobre el que renovar los contratos”.
La Diputació que preside Vicent Mompó ha invertido este año 26 millones de euros en estos contratos programa que permiten a los municipios disponer de educadores y trabajadores sociales, psicólogos y agentes de igualdad, entre otros profesionales, así como el desarrollo de programas como el de Teleasistencia o el Menjar a Casa, que ofrece a las personas mayores una dieta saludable en su propio domicilio. “La solución técnica que hemos encontrado permitirá que no se interrumpan los servicios hasta que se puedan firmar los nuevos contratos”, apunta la diputada de Bienestar Social.
Desde 2019
El origen de los contratos programa de servicios sociales se remonta a la Ley 3/2019, que establece que el Sistema Público Valenciano tiene carácter de servicio público esencial e impone a las administraciones públicas la obligación de garantizar la existencia y el mantenimiento con la dotación de personal y recursos técnicos y financieros. De ahí surge el contrato programa de la Generalitat que regula el procedimiento y deja en manos de las diputaciones la asistencia básica en los municipios de menor población.
El último convenio rubricado entre la Generalitat y la Diputació de València data del año 2021 y finaliza el 31 de diciembre de 2024. Fruto de ese convenio, tal y como establece la ley, la Diputación firmó contratos programa con ayuntamientos y mancomunidades para poder prestar los servicios. Estos convenios plurianuales que ahora están cerca de caducar son los que van a prolongarse hasta que la nueva norma permita renovar los contratos.
Imma González avanza que “la modificación puede que ni siquiera tenga una aplicación efectiva, ya que el nuevo convenio en el que trabaja el Consell tendrá seguramente efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025”. No obstante, “no hemos querido asumir riesgos y dejar un vacío en una atención tan necesaria como son los servicios sociales básicos, por eso se introducen estas adendas que darán seguridad jurídica a los ayuntamientos y las mancomunidades”. “Lo más importante es que tanto los alcaldes y alcaldesas como los usuarios pueden estar tranquilos, ya que no se van a interrumpir los servicios”, concluye la diputada.
