Óscar Puente ha anunciado su dimisión.
Es una decisión que corresponde reconocer. También ha renunciado a presentarse a las elecciones del 29 de noviembre. Pero marcharse después de dos catástrofes no convierte en ejemplar todo lo que se hizo antes. Ni permite que la despedida sustituya a las explicaciones.
El balance es insoportable: 46 muertos en Adamuz y 69 en Urda.
Ciento quince personas que compraron un billete para llegar a alguna parte.
El ministro justifica su salida por dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas. Sostiene que un responsable de Transportes no puede continuar después de dos accidentes de esa gravedad en menos de un año, aunque no tenga responsabilidad directa. Ahí acierta: para asumir una responsabilidad política no hace falta esperar a que un juez determine una culpa penal.
Precisamente por eso debe explicar su criterio anterior. En enero, cuando el PP le reclamaba la dimisión en el Senado, respondió que les molestaba «porque lo hago muy bien». La frase se produjo en una sesión sobre Adamuz y Rodalies. No era una conversación de bar: estaba dando explicaciones como ministro.
Aquella respuesta convirtió una exigencia de responsabilidades en un supuesto homenaje involuntario a su talento. Quien pedía su marcha no estaría fiscalizando su gestión: estaría reconociendo, a su pesar, lo estupendo que era.
Ahora sostiene que debe irse. Entre ambas posiciones hay algo más que una segunda tragedia: hay una forma de entender el cargo que merece explicaciones. La responsabilidad no puede depender de que el ministro se sienta satisfecho consigo mismo.
Una decisión que exige explicaciones
Puente asegura que decidió marcharse en los primeros minutos posteriores al accidente de Urda, el 28 de octubre. Sin embargo, el viernes todavía descartaba dimitir. Anunció su decisión el martes 3 de noviembre.
También ha dado una explicación para esa espera: atender lo urgente y comparecer ante el Congreso. Esa explicación merece ser escuchada, pero no despeja la contradicción entre tener decidida la salida y transmitir públicamente que se continúa. La ciudadanía merece una cronología clara, también de las decisiones del ministro.
Y hay otra frase de su despedida que retrata el problema. Después de reconocer que su sufrimiento no podía equipararse al de las víctimas, añadió: «después del suyo, ninguno, créanme, es tan grande como el mío».
No tenemos por qué negar su dolor. Lo que sobra es colocarlo en un podio. Un ministro puede estar destrozado y seguir obligado a escuchar, explicar y responder sin reservarse un puesto de honor entre quienes sufren.
Que la dimisión no cierre el expediente
El Gobierno ha anunciado ayudas y un plan extraordinario de seguridad. Las ayudas deben llegar y las mejoras deben ejecutarse. Ahora debe concretar qué cambia, quién lo ejecuta, con qué recursos y en qué plazos. La tranquilidad se reconstruye con resultados comprobables.
Investigar un accidente obliga a examinar toda la cadena: decisiones operativas, protocolos, supervisión y organización. Si hubo un error individual, habrá que esclarecerlo. También habrá que explicar qué debía impedir que ese error acabara en una catástrofe. Señalar el último eslabón no basta para dar por revisada la cadena.
Y quien sustituya a Puente debe heredar esas obligaciones, no recibir un ministerio con el expediente políticamente archivado.
Hay, además, algo revelador en su despedida: acabó pidiendo ayuda para Pedro Sánchez y advirtiendo contra la alternativa política. El partido volvió a ocupar el centro de una intervención que debía rendir cuentas ante el país.
Un servicio público pertenece también a quienes votan al adversario. Su seguridad no puede convertirse en argumento para pedir fidelidad electoral.
Puente se va. Las familias se quedan con sus ausencias; los heridos, con su recuperación; los viajeros, esperando respuestas. La medida de esta dimisión estará en lo que permita esclarecer y corregir, no en los elogios que reciba.
El billete incluía llegar. Quienes tenían la obligación de hacerlo posible todavía deben responder.
Jose Navarro ✶
