La Administración lleva a juicio a un agricultor expropiado de Parc Sagunt II por no querer pagar 1.000 euros de diferencia

  • AVA-ASAJA y LA UNIÓ consideran “demencial” el trato de la Generalitat y el Gobierno hacia los agricultores para beneficiar a Volkswagen: “Desangran y quitan al débil para dárselo al poderoso”

La ofensiva judicial que la Administración ha abierto con los agricultores afectados por las expropiaciones en Parc Sagunt II está llegando a situaciones surrealistas que multiplican la indignación del sector. Según advierten la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, la empresa pública Espais Econòmics Empresarials, participada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central, ha enviado una demanda por la vía Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia a un pequeño propietario para tratar de no abonarle 1.073 euros de diferencia que hay entre la cantidad ofrecida y el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación. De modo que, además de retrasar el pago al menos tres años, va a costar más el procedimiento judicial que la cuantía por la que se litiga.

A juicio a 800 agricultores por no querer pagar el justiprecio

En total, de acuerdo con los cálculos de ambas organizaciones agrarias, la Administración ha decidido agotar la vía administrativa y llevar a los tribunales a aproximadamente 800 agricultores para no pagar 25 millones de euros más. Con los gastos en abogados y procuradores que un proceso de estas dimensiones supone y pese a que, por experiencias anteriores, este tipo de procedimientos tienen muy bajas probabilidades de prosperar. Dado que el TSJ suele otorgar al jurado la presunción de veracidad y acierto en sus valoraciones.

Por el contrario, la Generalitat no escatima recursos económicos para llevar a cabo las obras de urbanización en esta misma superficie. Los anuncios hechos públicos estos días acumulan más de 260 millones para labores de desbroce, acondicionado o accesos, así como la compra a 153 euros por metro cuadrado para construir un centro de formación de trabajadores para Volkswagen. Todo ello sin contar con las millonarias subvenciones prometidas a la gigafactoría.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, critican la actitud del Gobiernod e la Generalitat Valenciana.

“demencial el trato de la Generalitat Valenciana y el Gobierno central hacia los agricultores para beneficiar a Volkswagen. Desangran y quitan al débil para dárselo al poderoso.»

«Para nuestros gobernantes hay dinero a espuertas para Volkswagen, que no deja de ser una empresa privada, regalado a costa de pagar migajas a los agricultores, quienes se van a ver despojados de forma forzosa de su patrimonio y de su medio de vida. Además, se van a ver inmersos en un interminable juicio donde todos pierden”.

AVA- ASAJA y La Unió exigen a las administraciones pagar el justiprecio y dejar de humillar a los agricultores afectados

Por ello, las dos principales organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana solicitan a la Generalitat Valenciana y al Gobierno que “rectifiquen. Acatando el precio marcado por el jurado de expropiación. No alterando artificialmente el mercado del suelo y dejen de insultar a los agricultores y también a las empresas que anteriormente adquirieron sus espacios a precios mucho mayores porque eran los fijados por el jurado y el mercado. No nos merecemos este robo, expolio o como quieran llamarlo. En un Estado democrático este comportamiento manipulador de la Administración no cabe. O retiran la vía judicial o nos tendrán en la calle”.