Justicia licita la compra de equipos de radiología y de análisis de sustancias químicas para perfeccionar el diagnóstico en los Institutos de Medicina Legal
– Estos nuevos equipos son fundamentales para esclarecer delitos, valorar lesiones personales, posibles maltratos o determinar la edad
– El plazo para presentar ofertas se extiende hasta el 12 de enero de 2022
La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha publicado la licitación de 118.550 euros para la compra de material específico de radiología médicosanitaria de los Institutos de Medicina Legal (IML) de la Comunitat, unidades necesarias para poder realizar las funciones periciales, forenses médicas y de investigación que tienen encomendados como órganos de la Administración de Justicia.
Las empresas tienen de plazo hasta el 12 de enero para presentar ofertas a los tres lotes que integran este contrato. El primero está destinado a la compra de un cromatógrafo de gases, que es un instrumento que se utiliza para determinar la composición de una mezcla de productos químicos en una muestra determinada. El segundo lote que se licita está destinado a equipos de Rayos X para realizar radiografías óseas y, el tercero, para láseres para el laboratorio de histopatología.
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Los equipos de radiología que se licitan en la contratación son fundamentales para el trabajo de los IML para esclarecer delitos y así apoyar la Administración de Justicia.
Por ejemplo, la utilización de este tipo de técnicas de imagen en el Servicio de Clínica Forense son de gran importancia en la valoración de lesiones personales, determinación de la edad de menores de edad no acompañados, así como en la valoración de lesiones en accidentes de tránsito, o diagnóstico del maltrato infantil.
También para el estudio de muertes por accidentes aéreos y desastres el estudio de muertes asociadas a heridas por proyectiles de arma de fuego o el examen de restos óseos y necropsias virtuales.
El equipo multidisciplinar del IML es el encargado de llevar a cabo la investigación médicolegal de aquellos casos en los que se ha producido el fallecimiento de una persona como consecuencia de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Además, se encarga de los peritajes médicolegales y análisis biológicos, clínicos, de toxicología y de cualquier otro tipo que se considere oportuno.
