Inicio de las comparecencias en el Palacio Provincial
La comisión del Bono Consumo en Alicante ya tiene calendario y primeros protagonistas. La sesión constitutiva celebrada esta mañana ha marcado el arranque de la investigación sobre la gestión de estas ayudas económicas.
La ronda de intervenciones comenzará el próximo lunes con la comparecencia de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, quien asistirá a petición propia y de forma voluntaria.
El objetivo de esta comisión es analizar el desarrollo de un programa que nació para dinamizar la economía local en un contexto de crisis. La presidenta de la comisión y portavoz del Grupo Popular, Ana Serna, ha subrayado que el interés principal es proteger el prestigio de la institución provincial frente a las críticas recibidas.
El alcalde de Elda, primer edil citado
El plan de trabajo aprobado ha contado con los votos a favor de PP, Compromís y Vox. El punto clave de la jornada ha sido la solicitud de comparecencia de Rubén Alfaro, alcalde de Elda.
Según los populares, el criterio para citar a cargos públicos se basa en llamar a aquellos alcaldes cuyos ayuntamientos decidieron contratar la gestión de los bonos directamente con Facpyme.
Se calcula que cerca de una veintena de municipios optaron por este modelo de gestión externa. Por este motivo, el Grupo Popular considera prioritario escuchar los testimonios de los responsables de estos consistorios para aclarar cómo se ejecutaron los contratos.
Críticas a la propuesta del Grupo Socialista
Durante la sesión se ha vivido un momento de tensión política respecto a la lista de comparecientes. Ana Serna ha cuestionado la petición del Grupo Socialista de citar al alcalde de Alicante, Luis Barcala.
Según la portavoz popular, el Ayuntamiento de Alicante nunca gestionó el bono comercio a través de Facpyme, calificando la propuesta de los socialistas como una falta de preparación y un intento de generar «ruido electoral».
Desde el equipo de gobierno se defiende que la Diputación de Alicante se limitó a lanzar una convocatoria con bases aprobadas por todos los grupos políticos. En este sentido, insisten en que fueron los ayuntamientos, bajo su autonomía local y con la fiscalización correspondiente, los que decidieron libremente cómo gestionar las ayudas recibidas.
