El secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo, ha defendido que “España no puede permitirse la insolidaridad hídrica ni que se tomen decisiones sin escuchar a las partes implicadas, sobre todo a los regantes” y ha reclamado que “cualquier decisión relativa al trasvase Tajo-Segura se adopte con la participación previa de las comunidades autónomas afectadas y de los regantes”.
Tejedo ha realizado estas declaraciones tras asistir, junto con la directora general el Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo, a la reunión del Consejo Nacional del Agua celebrada hoy en Madrid.
El secretario autonómico ha señalado que “el agua es un asunto de Estado, por lo tanto, las decisiones también deben ser de Estado”, lo que “exige rigor técnico, participación real y lealtad institucional”. En esa línea, ha insistido en que “antes de decidir, hay que escuchar a todas las partes”.
Límite de la paciencia del campo
Tejedo ha advertido que “la paciencia de los agricultores alicantinos, murcianos y andaluces ha llegado a su límite” y ha subrayado que “cada recorte y cada decisión tomada de espaldas a la realidad del campo compromete la viabilidad de nuestra agricultura y el sustento de miles de familias”.
Por su parte la directora general ha recordado que “llevamos desde el inicio de legislatura reclamando soluciones y la creación de un comité técnico” para garantizar una gestión “seria, transparente y evaluable” del trasvase.
Según ha explicado, esa comisión mixta debe fijar un calendario firme, transparencia de criterios hidrológicos, ambientales y socioeconómicos y un documento de acuerdo previo sobre las reglas de explotación y, en su caso, medidas de compensación o alternativas. “Lo mínimo en un asunto tan sensible es la creación de un comité técnico. Lo demás es improvisación”.
Críticas al Plan Especial de Sequía
La directora general ha asegurado, además, que “en su formulación actual, el Plan Especial de Sequía carece de la solidez técnica necesaria para identificar con fiabilidad las situaciones de sequía y escasez, lo que pone en cuestión su capacidad para ofrecer criterios objetivos, equitativos y con plena seguridad jurídica, tal y como exige un instrumento de esta relevancia”.
Por último, Galindo ha recordado el informe técnico elaborado por la Generalitat y corroborado por el gobierno de la Región de Murcia, la Junta de Andalucía y los regantes, que indica que la propuesta de nuevas normas de explotación y, en particular, el aumento del umbral de no trasvase hasta 531 hm³, “no se sustenta en criterios técnicos y objetivos”.
