Óscar Puente: «Se trata de un accidente completamente  inverosímil»

Escuche Sr. Puente: Lo inverosímil es que haya sido ministro del Reino de España y continúe siéndolo a estas horas

Ya está bien.

Hoy hay familias que han perdido a alguien en un tren. Cuando cambie la portada, seguirán faltando esas personas. Este 28 de octubre, Toledo vuelve a obligarnos a contar muertos. Nueve meses después de Adamuz, otra colisión destroza vidas que debían haber continuado al llegar a su destino.

¿De verdad vamos a aceptar que perder unas elecciones salde las responsabilidades de haber gobernado?

Las causas las establecerán los investigadores. Exigimos que puedan seguir cada indicio, acceder a cada documento y examinar toda la cadena de decisiones. Mientras trabajan, quienes dirigen tienen una obligación propia: explicar su gestión. El duelo de las víctimas no suspende la rendición de cuentas.

Ceuta. Adamuz. Toledo. Valencia. La Palma. Alicante.

Cerredo, El Bocal, Campanar. Las residencias. El apagón. Detrás de cada nombre hay personas a las que debemos mucho más que unos minutos de indignación. Ningún responsable puede esconderse en esa acumulación, como si una desgracia borrase las preguntas de la anterior.

La DANA de 2024 dejó 232 fallecidos en la provincia de Valencia, según el balance judicial actualizado. La semana pasada, el temporal Adam volvió a golpear Alicante y Valencia, especialmente la Marina Alta y la Safor. El Gobierno reconoce provisionalmente siete muertos en el conjunto del episodio.

En La Palma, cinco años después de la erupción, siguen ocupadas viviendas instaladas como solución de emergencia. Cinco años. Hay familias para las que «provisional» se ha convertido en una forma de vida impuesta por la espera. A quienes gestionan la reconstrucción les corresponde explicar cuánto más deben esperar y por qué.

En El Bocal, el 112 había avisado a la Policía Local del mal estado de la pasarela el día anterior al derrumbe. En Cerredo, la Inspección General de Servicios documentó graves deficiencias administrativas y de control, retrasos sancionadores e inactividad.

Son hechos. Permiten preguntar quién recibió los avisos, quién debía inspeccionar y quién dejó expedientes sin resolver. Las competencias sirven para encontrar al responsable. Convertirlas en un laberinto para que nadie responda sería otra forma de abandono. La exigencia alcanza al ayuntamiento, a la comunidad autónoma o al ministerio que corresponda, gobierne quien gobierne.

En «Sigue sin pasar nada» escribí sobre un sistema que exprime al que paga y abandona al que cae. Me preocupa también lo que acaba haciendo con nosotros: acostumbrarnos. Sentir el golpe, compartir la noticia y seguir caminando. Dejar a las familias solas cuando su dolor ya no compite con la siguiente actualidad.

También por eso me niego a aceptar «fallo humano» como punto final. Si hubo un error individual, habrá que esclarecerlo. La investigación debe examinar además las barreras de seguridad, la supervisión y las decisiones de quienes tenían autoridad. El último trabajador que intervino no puede convertirse en el límite de las preguntas.

Óscar Puente fue nombrado para dirigir un ministerio y responder por su gestión. Pedro Sánchez responde por la de su Gobierno.

Deben entregar documentos, comparecer y explicar las decisiones que les corresponden. La responsabilidad acompaña al sueldo, a la firma y a la autoridad.

En Ceuta, la jueza María Tardón ha solicitado más documentación clasificada y conocer qué autoridades recibieron información, cuándo y qué decisiones adoptaron o dejaron de adoptar. Sánchez y Grande-Marlaska deben facilitar ese esclarecimiento. España necesita, además, capacidad para proteger Ceuta y Melilla cuando falle la cooperación marroquí. La obligación de proteger nuestras fronteras corresponde al Estado español.

La seguridad merece una ambición que sobreviva a las inauguraciones. JR Central declara que el Tokaido Shinkansen lleva desde 1964 sin accidentes con muertos o heridos entre sus pasajeros a bordo. Más de seis décadas. Un historial así obliga a exigir que la conservación, la formación y la prevención ocupen el centro de la gestión ferroviaria.

España es la cuarta economía de la zona euro. Sus ciudadanos pagan para sostener servicios capaces de protegerlos.

Al Gobierno socialista y a sus socios comunistas les exijo cuentas por las estructuras que administran. Defender lo público obliga a mantenerlo, inspeccionarlo y hacerlo funcionar. También a explicar cada incumplimiento.

Una Administración puede conservar todos sus cargos mientras pierde capacidad para cumplir su cometido. Una advertencia sin atender, una inspección ineficaz, una emergencia que se prolonga durante años: ahí empieza a vaciarse el Estado que el ciudadano necesita. Llamo desmantelamiento a tolerar ese vaciamiento mientras se mantiene intacta la maquinaria política. Los hechos documentados obligan a exigir correcciones y responsabilidades antes de que el deterioro se vuelva costumbre.

La pérdida de capacidad económica y de servicios esenciales en Venezuela y Cuba debería bastar para desterrar la complacencia. Ningún país conserva su prosperidad por haberla tenido. La obligación aquí es impedir cada retroceso y exigir resultados a quienes gobiernan España.

La justicia determinará delitos y culpables donde los haya. Los gobernantes deben responder por sus decisiones, por el uso del dinero y por el cumplimiento de sus obligaciones. Esa cuenta permanece abierta aunque cambie la mayoría parlamentaria.

Perder unas elecciones no devuelve una vida.

La derrota electoral decide quién deja de gobernar. Queda pendiente cómo gobernó. Marcharse dejando la factura moral, económica y democrática sobre la mesa sería un «sinpa» institucional. Los ciudadanos pagaríamos otra vez. Las víctimas seguirían cargando con lo irreparable.

No doy por saldada esa deuda con un cambio de siglas en la Moncloa.

Feijóo tampoco merece un cheque en blanco. Si aspira a gobernar, debe explicar qué controles acepta y a qué ventajas partidistas está dispuesto a renunciar. La independencia institucional tiene que limitar también al Gobierno propio.

En «Los ingenieros del emperador» recordé cómo Vespasiano sustituyó el lago de Nerón por el proyecto del Coliseo. Cambió el escenario; el poder continuó ocupando el palco. Conservar los mecanismos que favorecieron los abusos permitiría al siguiente gobernante repetirlos. La regeneración exige desarmar esa posibilidad.

Quiero que esta época termine. Quiero también que ninguna salida del poder se lleve por delante una investigación, un documento o una responsabilidad pendiente. Ni las de quienes se vayan ni las de quienes lleguen.

Por eso recupero aquella frase convertida en ironía nacional:

«¡Aguanta, Pedro, aguanta!».

Aguanta las preguntas. Las comparecencias. El examen de las decisiones de tu Gobierno. Responde mientras ocupas el cargo y responde por lo que te corresponda cuando lo hayas dejado. Que las urnas decidan tu futuro político. Las cuentas de tu gestión siguen pendientes de explicación.

España merece conocerlo todo. Las familias merecen que mantengamos la atención cuando su tragedia deje de abrir los informativos. Me niego a aceptar que nuestro cansancio termine firmando otra absolución colectiva.

Lo peor de la impunidad es la costumbre que deja.

Jose Navarro ✶