Recientemente hemos recibido la noticia de que el Consejo Escolar del Estado ha admitido una enmienda de STEC-IC para evitar el despido de profesorado interino del Cuerpo de PTFP con titulación Superior de F.P.
Esto sería una gran noticia si el MEFP no nos tuviera acostumbrados a seguir las recomendaciones de esta Institución únicamente cuando son de su agrado. Cosa que nos tememos que no es el caso. Como ha demostrado reiteradamente haciendo caso omiso de todas las peticiones que en este sentido han recibido de Asociaciones, sindicatos, partidos políticos…
Aprobación de la nueva Ley de Educación y de la nueva Ley de F.p.
Lo llevamos viviendo desde la aprobación de la nueva Ley de Educación y de la nueva Ley de F.p.. Cuya tramitación en el Senado estuvo marcada presuntamente por la prerrogativa por parte del Gobierno de que ninguna enmienda presentada debía ser aprobada. No importaba si se podían producir mejoras en la Ley ante la premura de una tramitación rápida. Situación que dejaba en entredicho a una de las Cámaras legislativas de este país.
De poco ha servido una unidad sindical contraria a la expulsión injusta de parte del profesorado. A los que la LOE dio una solución tras décadas de la injusticia que la LOGSE supuso para nuestro colectivo. También de poco han servido las enmiendas presentadas por partidos políticos (a izquierda y derecha del Gobierno) para impedir este atropello. De poco han servido hasta ahora todos los argumentos legislativos planteados desde nuestra Asociación y desde otros colectivos ante un único argumento esgrimido por la Administración.
esto se hace para dar salida a una reivindicación histórica de una parte del profesorado.
Reivindicación que podía ser perfectamente atendida sin exterminar a parte del colectivo de PTFP, pero el Estado ha optado por esta vía sin ningún argumento académico o de calidad para la Formación Profesional.
Pasividad del ejecutivo
En todo este proceso hemos asistido a la pasividad de gran parte del Ejecutivo de este país. Hemos visto atónitos como quienes desde el Ministerio de Trabajo se escandalizan públicamente ante situaciones de atropello o despido en la empresa privada miran hacia otro lado cuando se trata de trabajadores públicos. También hemos visto como desde el Ministerio de Función Pública se inician unos procesos de estabilización (casualmente al unísono con esta legislación educativa). Qque excluirán a profesorado longevo y bajo la excusa de unas titulaciones que no eran las requeridas durante todo el tiempo en que estábamos en fraude de Ley. Además hemos visto como el Ministerio de Educación y F.P. incumplía su reiterada promesa de que ningún funcionario interino se vería afectado por esta nueva legislación.
Al mismo tiempo vemos como este problema no merece la atención de las Autoridades Educativas. No se ha tenido un mínimo de sensibilidad en este proceso. Hemos visto como quien fue precursora de esta Ley fue cesada en su cargo siendo premiada con un nuevo puesto en el Vaticano, como un Ministro de Función Pública (carente de cualquier formación para el cargo) fue trasladado de Ministerio rápidamente tras la aprobación de una Ley de estabilización criticada desde todos los sectores. Vemos ahora también como su sustituta (demasiado ocupada para recibir a nuestro colectivo) tiene tiempo ahora para estrenarse como portavoz de su partido (se ve que una revolución como pretenden en la F.P. no requiere mucho tiempo de quien dirige el Ministerio).
¿Consenso?
Lo más triste, además de la situación injusta y discriminatoria a la que nos vemos abocados. Cuando esto acabe volveremos a oír la palabra CONSENSO. Una palabra que es primordial en un sistema democrático. Pero que para algunos solo es una palabra, que aúna a todos aquellos palmeros de lo que marca la Administración y excluye cualquier argumento disidente aunque sea coherente. Véanse las actuaciones en el Senado, en mesas sectoriales, o como es el caso la aprobación de la mencionada enmienda en el Consejo Escolar del Estado.
En definitiva, todo este proceso no solo perjudica a nuestro colectivo, debilita al propio sistema democrático y a las Instituciones del Estado. Cuando se atropella a los trabajadores desde las Administraciones todo nuestro sistema Constitucional se tambalea. Se busca el beneficio de algunos en perjuicio del bienestar de otros pierden sentido muchos de los valores éticos y democráticos que nos comprometimos a defender tras la Transición Española.
Por suerte, hoy en día nuestro colectivo es consciente de que no todo termina tras una legislación injusta y discriminatoria. Hoy en día tenemos otros cauces políticos y jurídicos a los que acudir, tanto españoles como europeos (que ya se han acostumbrado a corregir las locuras legislativas del Estado). Estamos decididos (como ya se está haciendo tras el exterminio de Baleares) a no hacer bueno el refranero español. Porque en este caso no se va a cumplir aquello de que “muerto el perro se acabó la rabia”. Miles de familias de este país no lo merecen.
Exigencia al Estado Español para que corrija esta injusticia
Por último, tras años de rogativas y explicaciones, desde esta tribuna exigimos al Estado Español que corrija esta injusticia e introduzca las modificaciones legislativas convenientes para garantizar la continuidad de todo el profesorado interino de PTFP. Para que acometa unos procesos de estabilización acordes con la legislación y sentencias comunitarias. También para que de una vez sea garante del mantenimiento de la calidad democrática en todas aquellas instituciones que marcan el futuro legislativo de este país.
