La tarjeta de presentación de Chimo Puig

Puig ha firmado el decreto que disuelve Les Corts y ha convocado las elecciones autonómicas para el próximo 28 de mayo. El DOGV ha publicado la disolución en fecha 4 de abril, en paralelo a la publicación en el BOE de misma fecha en el que se convocan elecciones locales en toda España.

El último domingo de mayo examinaremos a los gobiernos, tanto de nuestros ayuntamientos, de las Diputaciones y de la Generalitat Valenciana, y será el momento en que los ciudadanos podamos expresarnos de forma clara si estamos de acuerdo con la labor realizada en dichas instituciones.

• La gestión de Chimo Puig es bastante decepcionante.

Así pues, no se han construido hospitales, aunque ahora prometen construirlos; las listas de espera de sanidad han aumentado; no se han construido viviendas sociales y somos líderes en impuestos. Tampoco se han solucionado los problemas de cercanías y menos aún, la comunicación ferroviaria y por carretera entre las tres provincias. Nuestra agricultura está sufriendo la mayor crisis que se recuerda, mientras que Puig no ha defendido la llegada de agua a nuestras campos, fundamentalmente los del sur de la provincia de Alicante.

La importante industria cerámica no está recibiendo las ayudas solicitadas y se están poniendo en peligro cientos de puestos de trabajo. Podríamos continuar haciendo referencia a la falta de residencias de tercera edad y a la política de juzgados en barracones, como los de LLíria.

Pero realmente, lo más asombroso es que Chimo Puig en ningún momento de su comparecencia tras el Consell del pasado lunes, en la que hizo un balance de su pobre gestión, haya hecho referencia a su verdadera tarjeta de presentación a estas elecciones autonómicas: el empleo de dinero público para financiar a su familia biológica y a su familia política, es decir, a sus hermanos y a las entidades catalanistas.

• Sin duda, sus “familias” han sido las más beneficiadas de estos años, en cambio, los valencianos no podemos decir lo mismo.

Lo último que hemos conocido es que desde 2015, el ayuntamiento de Morella,  del que fue alcalde Chimo Puig, ha realizado un total de 629 pagos por más de 408.000 € a las empresas de la familia Puig sin ningún tipo de contrato ni licitación pública, por lo que el PPCV ha recurrido a la Agencia Antifraude para que analice dicha contratación.

Hay que tener en cuenta que  junto a las subvenciones del ayuntamiento en el que Chimo Puig sigue teniendo todo el poder a través del actual alcalde, existen otras subvenciones que están siendo investigadas judicialmente y con respecto a las cuales las consellerías afectadas se están negando a entregar la documentación requerida por el Juzgado de instrucción nº 4 de Valencia, en el procedimiento abierto por presuntas irregularidades en ayudas públicas autonómicas a empresas vinculadas a Francis Puig.

Una sola dirección general, la de política lingüística que se caracteriza por su apoyo a la expansión catalanista en la Comunitat, concedió más de 500.000 € a empresas relacionadas con Francis Puig entre octubre de 2015 y diciembre de 2018, dándose la circunstancia que se están investigando presuntas irregularidades en la obtención de subvenciones por parte de estos familiares presidenciales, por parte de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón.

Incluso el polifacético hermano ha reconocido que  cobró ayudas públicas por el alquiler de una nave abandonada que pagaba a su padre, también de Chimo Puig, y que está en Morella. Siendo un municipio de poco más de 2475 habitantes esa circunstancia será conocida por todo el mundo, incluido el alcalde socialista, Rhamsés Ripollés, que reiteradamente ha negado ningún trato de favor a la familia Puig.

Lo que sí está claro es que el TSJCV ha ratificado la multa de 16.801 € impuesta a Francis Puig por conformar un “cártel” con otras empresas para quedarse con las corresponsalías de la televisión pública valenciana para las comarcas del interior de Castellón.

• La sentencia ha ido clara al considerar que Francis Puig quiso “eliminar la competencia para alcanzar los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores”.

La verdad es que nadie puede dudar que tanto el ayuntamiento de Morella, la televisión pública valenciana y la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat valenciana sabían quién era Francis Puig, y que era hermano de Chimo Puig.

En definitiva, estos datos son la tarjeta de presentación de un presidente que nos vuelve a pedir el voto porque “quedan muchas cosas por hacer”, seguramente entre ellas se encuentra seguir subvencionando a las empresas de sus hermanos para, como dice la sentencia, “alcanzar los mayores beneficios en perjuicio de los consumidores”, es decir, de los valencianos.