En los últimos años, la desconexión entre el mundo rural y las políticas impuestas desde las grandes capitales, especialmente desde Madrid y Bruselas, se ha agudizado de manera alarmante. Las decisiones que se toman en los despachos de las instituciones europeas y en el gobierno central no parecen tener en cuenta las realidades del campo español, un sector que ha sido siempre el pilar sobre el que se ha sustentado la economía y la identidad del país.
Las normas medioambientales y las restricciones impuestas por la Unión Europea están ahogando a los agricultores, ganaderos y pequeños empresarios rurales, sin ofrecer alternativas viables ni soluciones adaptadas a las peculiaridades del campo. Mientras las grandes urbes se llenan de políticas verdes que buscan la sostenibilidad a corto plazo, el mundo rural sigue perdiendo población y oportunidades. El ecologismo de salón de aquellos que promueven medidas sin tener en cuenta las necesidades reales del agricultor está destruyendo los medios de vida de aquellos que aún trabajan la tierra.
Las políticas sobre el uso de fertilizantes, la limitación de ganado o la sobrecarga administrativa no están teniendo en cuenta las circunstancias de las explotaciones rurales, que no pueden adaptarse a estas medidas sin arruinarse. Mientras tanto, se permite que entren productos de países terceros con normas mucho menos estrictas, perjudicando la competitividad de nuestros productos. ¿Es realmente sostenible que nuestras tierras queden deshabitadas mientras se favorece la importación de productos de menor calidad? La desconexión entre las políticas urbanas y las rurales es cada vez más evidente y, si no se rectifica, las consecuencias serán irreparables.
