En la política actual, más allá de ideologías y siglas, parece haberse instalado una peligrosa certeza: la de creer que siempre se tiene la razón. Esta cultura de la arrogancia, que impregna desde el Congreso de los Diputados hasta el ayuntamiento más pequeño de España, no solo empobrece el debate público, sino que debilita los cimientos mismos de la democracia.
Basta con asomarse a una sesión parlamentaria, autonómica o local para percibir un tono de superioridad cada vez más frecuente. El adversario político no es alguien con ideas distintas, sino alguien que “no entiende”, que “no está a la altura”, o peor aún, que “actúa de mala fe”. Se ha perdido la noción de que la política es —o debería ser— una conversación pública entre perspectivas distintas que comparten una misma finalidad: mejorar la vida en común.
Una democracia verdaderamente madura requiere algo más que normas y procedimientos: necesita una actitud intelectual abierta.
Esto implica reconocer que nuestras ideas pueden no ser las únicas válidas, que el desacuerdo no es sinónimo de enemistad, y que muchas veces la solución más sensata surge del contraste entre posiciones distintas. Lejos de ser una muestra de debilidad, esta apertura mental es una virtud cívica imprescindible para el diálogo constructivo y el progreso colectivo. Escuchar con voluntad de comprender, más que de refutar, es hoy un acto profundamente político.
Sin embargo, el ecosistema político actual parece premiar lo contrario. Quien duda es tachado de débil. Quien escucha, de traidor. El matiz, la prudencia y el reconocimiento del otro son vistos como síntomas de inseguridad, no como virtudes democráticas. Esta lógica alimenta una política de trincheras, donde cada cual se atrinchera en sus certezas, no para argumentar mejor, sino para resistir cualquier influencia externa.
La arrogancia no solo empobrece el discurso, también genera políticas peores.
Porque cuando se parte de la base de que uno ya lo sabe todo, se deja de aprender. Y sin capacidad de aprendizaje, el ejercicio de gobernar se convierte en una imposición, no en un servicio. El resultado es una espiral en la que cada parte se convence de que su plan es el único posible, y que el desacuerdo no merece ser escuchado, sino neutralizado.
Esta actitud no distingue entre partidos ni niveles de gobierno. Se manifiesta en la prepotencia de quien grita en un pleno municipal, en la sordera de quien ignora a la oposición en una comisión parlamentaria, y en la altanería de quien desprecia a la ciudadanía crítica desde un escaño o una rueda de prensa. Se disfraza de firmeza, pero muchas veces es solo inseguridad recubierta de arrogancia.
Frente a esta deriva, es necesario reivindicar la política como acto de humildad cívica.
Porque gobernar bien no es imponer sin fisuras, sino construir desde el desacuerdo. Las ideas cambian, los proyectos también. Lo que ayer parecía incuestionable, hoy puede no funcionar. Y lo que uno cree tener claro, puede enriquecerse —o incluso corregirse— al escuchar otras voces.
Cambiar de opinión en política, cuando se hace desde el rigor y la reflexión, no es una traición, sino una muestra de honestidad. A veces, ese cambio puede justificar incluso dejar unas siglas o renunciar a un cargo, cuando los valores que uno defiende dejan de estar representados. Porque la política de verdad no se sostiene sobre la obediencia ciega, sino sobre cuatro patas esenciales: principios, argumentos, coherencia y vocación de servicio. Si una de ellas falla, el edificio se tambalea.
La filosofía ya lo advirtió hace siglos: quien no reconoce su ignorancia se aleja del conocimiento.
Sócrates, considerado el padre del pensamiento crítico, lo expresó con la célebre máxima: “Solo sé que no sé nada”. Esta actitud de duda metódica, lejos de paralizar, es la que permite pensar mejor, actuar con mayor conciencia y acercarse con humildad a la complejidad de lo real. En política, esa humildad intelectual debería ser una brújula, no una rareza.
El filósofo Karl Popper defendía que las sociedades abiertas debían construirse sobre la capacidad de crítica y revisión constante. Aplicado a la política, esto implica que ninguna posición es definitiva, y que solo avanzamos cuando ponemos nuestras ideas a prueba, cuando aceptamos la posibilidad del error y cuando el disenso se convierte en oportunidad, no en obstáculo.
Además, conviene recordar que el liderazgo no debería construirse sobre la imagen de autoridad incuestionable, sino sobre la legitimidad moral que otorga el compromiso con la verdad, el respeto a los demás y la disposición al diálogo. El político arrogante puede imponerse durante un tiempo, pero nunca genera vínculos duraderos con la ciudadanía. En cambio, quien demuestra coherencia, principios y capacidad para revisar sus convicciones con honestidad, deja huella incluso cuando toma decisiones difíciles o impopulares.
La ciudadanía también tiene aquí un papel esencial. Si solo premiamos a quienes nunca rectifican, a quienes gritan más fuerte o simplifican los problemas complejos, estaremos alimentando la misma cultura que luego criticamos.
Necesitamos una sociedad que valore a quien argumenta, no solo a quien gana. Que entienda que cambiar de opinión no es una derrota, sino un signo de evolución.
La buena política no necesita infalibilidad, necesita apertura. Necesita líderes que entiendan que no están allí para demostrar que tienen razón, sino para trabajar por el bien común, incluso si eso implica revisar posiciones o tender la mano al otro lado. En tiempos de arrogancia institucionalizada, hacer política con humildad puede parecer revolucionario. Y quizá lo sea.
- Por Jesús Salmerón Berga, Abogado y Alcalde del Ayuntamiento de Gátova.
