Como dice el partido de Puigdemont a todo el que quiera oírle, el traspaso de esas competencias acerca a esa Comunidad al carácter de un Estado propio, ya que dichas materias están gestionadas en todos los países por la administración central.
O sea, que Cataluña da otro paso, de gigante, en esta ocasión, para convertirse en un Estado independiente con cada vez menos atribuciones del Gobierno central. Entre ese acuerdo y el firmado con Esquerra sobre la quita fiscal, el separatismo ha conseguido avanzar más que cuando la intentona fallida de la declaración unilateral de independencia de 2017.
Quienes creen que Cataluña se va normalizando poco a poco se equivocan totalmente pues está consiguiendo con las concesiones de Pedro Sánchez estar cada vez más separada del resto de España.
Que la política migratoria es un signo de soberanía nacional lo corrobora por pasiva el PNV, pues los nacionalistas vascos han visto en esa cesión un camino hacia la construcción nacional que ellos quieren tanto para sí como sus homólogos catalanes.
Hablamos, pues, y no en un sentido metafórico, sino real, de un poder del Estado menguante, con menos atribuciones en una parte del territorio español. Faltan aún por concretarse los flecos del acuerdo, pero la exclusión de personas está garantizada por el deseo de los independentistas de imponer el idioma catalán como requisito de arraigo en esa tierra. Así que, una vez más, tenemos una Constitución que los políticos se la saltan como les place.
