A raíz del escándalo que se ha producido por la entrada en vigor de la ley del “solo sí es sí”, impulsada desde el Ministerio de Igualdad, el diputado Gabriel Rufián de Esquerra Republicana de Cataluña, ha publicado en redes sociales que “entre Irene Montero y unos jueces capciosos y unos abogados desalmados yo tengo meridianamente claro con quien voy”.
Creo que es importante destacar lo desafortunado de este mensaje y lo peligroso que es en el régimen de garantías propias del Estado de Derecho. La democracia y los valores constitucionales, de nuevo son atacados.
La ley impulsada por la ministra Irene Montero es un total despropósito. Como ha afirmado recientemente el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se trata de una “chapuza legal que desprotege a las mujeres de los delitos sexuales”. Es muy peligroso para el Estado de Derecho que el Código Penal se utilice para hacer política, ideario para “eslóganes políticos”, carentes de un estudio reposado y regulando los delitos desde una total ignorancia jurídica.
En vez de proteger los derechos de las víctimas de delitos contra la libertad sexual, Irene Montero ha rebajado la pena que lleva aparejada este tipo de delitos. Y el efecto conseguido no es otro que el de que muchos condenados se hayan visto beneficiados, ya sea con una reducción en su pena o con su puesta en libertad.
Yo nunca podré estar del lado de quien deja sin una protección adecuada a las mujeres y niñas. Es indecente, a la par que inmoral, que los que se ponen a sí mismos la etiqueta de progresistas y defensores de los derechos, sean capaces de sostener que la ley del solo es sí es sí, es buena.
El “demócrata” Rufián debería haber censurado los gravísimos errores de la ministra Montero, la cual, por dignidad democrática, tendría que haber presentado ya su dimisión. Pero ya sabemos que los podemitas están agarrados a sus lujos, casoplones y asesores, y solamente saldrán del Gobierno cuando en las próximas elecciones generales, la ciudadanía otorgue de manera abrumadora la confianza al Partido Popular.
Los populistas golpistas de Esquerra, así como los comunistas de Podemos, siguen el mismo camino que los tan admirados por ellos, Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Rafael Correa: atacar una y otra vez al Poder Judicial.
A Irene Montero y su “palmero” Rufián les incomoda el Poder Judicial. Es absolutamente impresentable e inadmisible en una democracia que desde el Gobierno se diga que los jueces son “machistas”, “sexistas”, “heteropatriarcales”. O que Rufián tenga la desfachatez de sostener que son “jueces son capciosos”. La capacitación, formación y compromiso de nuestras juezas y jueces con la democracia y el Estado de Derecho es incuestionable. Lo único que están haciendo es aplicar una ley que Irene Montero ha impulsado y que la ministra de Justicia, Llop, ni el presidente del Gobierno, han sido capaces de frenar.
En realidad, Irene Montero se ha convertido en la mejor abogada defensora de las personas condenadas por delitos contra la libertad sexual. La rebaja en las penas impulsada es consecuencia de la total ignorancia de su Ministerio en materia criminal. Su orgullo le llevó a despreciar los informes técnicos del Consejo General del Poder Judicial que avisaban que ese efecto se produciría si la reforma salía adelante.
Los destinatarios de los insultos proferidos por los comunistas y los golpistas también son los abogados que han merecido el calificativo de “desalmados. El diputado que no tiene “alma” democrática, Gabriel Rufián, así ha calificado a nuestros letrados. El Consejo General de la Abogacía de España, como no podía ser de otra manera, ha manifestado su contundente rechazo a estas declaraciones.
En un Estado de Derecho nadie puede ser privado de sus derechos, aunque está visto que el populismo militante y excluyente que nos azota pretende decidir quién merece derechos fundamentales tan importantes como el de defensa.
Cada vez más el Gobierno y sus socios dan pasos hacia atrás en valores democráticos: desmontar el Poder Judicial, atacar su independencia, desprestigiar a jueces y magistrados, insultar a los abogados, y decidir arbitrariamente quién merece derechos fundamentales, son la muestra de una deriva autoritaria. Para más inri, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, pide que se limite la información sobre la aplicación de la ley de Montero. El asalto al “cuarto poder” es la siguiente pieza que mueven los social-comunistas. El Estado de Derecho está siendo desmontado.
Yo tengo meridianamente claro con quien voy: la democracia, la independencia judicial, el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas y la protección real y efectiva, no con eslóganes populistas, de las mujeres y niñas.
