Federico Bisquert “ Clamor empresarial contra los impuestos progresivos”
Este pasado lunes día 17 el Ejecutivo de Pedro Sánchez Castejón planteaba avanzar hacia una reforma fiscal “más justa y progresiva” en contraposición directa con el empresariado en materia de fiscalidad, y es que el mundo empresarial está en absoluto desacuerdo con cualquier subida generalizada de impuestos, expresando su más absoluto rechazo a una mayor presión tributaria, dada la delicada situación económica que estamos atravesando con un aterrador parámetro de 3.600.000 de desempleados según la última EPA (Encuesta de Población Activa) y algo más de 600.000 trabajadores en ERTE.
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El Ejecutivo español se ha comprometido ante la Unión Europea a una subida de impuestos de 78.518 millones euros.
Evidentemente el objetivo que se ha marcado es aumentar la recaudación sin ningún tipo de escrúpulo y con la burda excusa de acercar la presión fiscal de España a la media comunitaria y sin embargo no toma la referencia de que esa diferencia es consecuencia de un mayor impacto de la economía sumergida, una tasa de paro mucho más elevada y una inferior renta per cápita.
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Vamos para atrás como los cangrejos
En plena crisis económica y sanitaria, cuando el resto de socios comunitarios apuestan por bajar los impuestos para impulsar la recuperación, nosotros los subimos, y esgrimen como argumento la armonización fiscal, indignante y sectaria la postura de este gobierno social-comunista, y tengo mis serias dudas de que sepa por donde va, ya que las alzas fiscales aprobadas en 2021, van a recaer principalmente en las rentas medias y bajas, con un previsión de recaudación de 6.000 millones de euros inicialmente. Y es que de modo traicionero el Gobierno español ha aprovechado el envío a Bruselas de su peculiar Plan de Recuperación para dar el sablazo fiscal a todo ciudadano español en los próximos ejercicios, con la patraña de modernizar el sistema tributario.
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Este plan incluye medidas como eliminar de manera paulatina la reducción por tributación conjunta en el IRPF
Esta reducción de la base imponible, de hasta 3.400 euros, afecta a más de 3.700.000 unidades familiares contribuyentes, especialmente si tienen hijos a cargo y uno de los cónyuges está en paro o registra unos bajos ingresos, esto significa un subida brutal en su tributación y que para las arcas del Estado representa 2.400 millones de euros, que evidentemente pagarían las rentas medias y bajas, donde se produciría el mayor impacto.
Si tomamos como ejemplo el tramo más amplio, unos 2.800.000 de unidades familiares que declaran 30.000 euros o incluso menos de base imponible, a día de hoy liquidan una cuota de entre 900 y 2.500 euros al año por IRPF, de tal modo que al eliminar la reducción por tributación conjunta se incrementaría la cuota de media entre 650 y 1.000 euros más al año, o sea un incremento superior al 70%, esto ha generado un gran desconcierto y revuelo en las últimas horas, hasta el punto que el Ejecutivo se platea hacer marcha atrás, pero lo bien cierto es que la propuesta en cuestión no ha sido eliminada del Plan de Recuperación enviado a la Unión Europea y el Ministerio de Hacienda, echando balones fuera, no ha rectificado nada, simplemente esgrime que su aprobación será estudiada por el comité de expertos encargados de reformar el sistema fiscal a partir de 2022. O sea, una tomadura de pelo porque todo sigue tal cual.
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Y esto no es nada si nos vamos al Impuesto de Sociedades donde el hachazo es brutal
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) viene realizando distintas revisiones del gasto público o spending reviews, entre las que destacan la amplia gama de bonificaciones y deducciones en el impuesto de sociedades o las relativas a los incentivos a la contratación, vamos que tanto la reducción de la tributación conjunta anunciada ahora, como las bonificaciones de los planes de pensiones que ha aniquilado el Ejecutivo se incluyen en último informe de la AIReF que indica claramente que se elimine y modifique una larga lista de beneficios fiscales y esta es la pauta que sigue el Gobierno.
Principalmente son 13 las reducciones, exenciones y deducciones que podrían desaparecer en próximos ejercicios, los tipos reducidos de IVA o la exención de este tributo en sanidad y educación hasta el incremento del diésel o la reducción en IRPF por alquiler de viviendas. Vamos que el Ejecutivo formado por PSOE-Unidas Podemos planea la mayor subida fiscal de todos los tiempos en España, esperando recaudar más de 34.000 millones de euros.
De hecho María Jesús Montero, Ministra de Hacienda, no se cortó lo más mínimo, expresando el pasado día 17 que hay que ser “valientes a la hora de plantear los elementos que tienen que ver con la imposición a la riqueza, la fiscalidad medioambiental o al Impuesto de Sociedades”, aunque sin puntualizar fechas ni plazos sobre la anunciada reforma tributaria, también indicó la Ministra que “el Gobierno no tomará ninguna medida realmente importante que sea transformadora, hasta que no se recupere el PIB prepandemia a finales del 2022”, introdujo también que podrían existir “pequeños ajustes” como los introducidos este año en los Presupuestos Generales del Estado, que así al “bote pronto” suponen tributariamente más de 6.500 millones euros más de recaudación.
Y para mayor sorpresa e indignación, el propio Pedro Sánchez Castejón, definía a su Ejecutivo como “amigo de las empresas”, defendiendo en todo momento los “impuestos progresivos”, abundando en como “poner fin no solamente a los paraísos fiscales, sino también a la competencia a la baja de la fiscalidad global”, evidentemente centrando su objetivo en a la armonización fiscal que pretende imponer en España, con una fijación obsesiva y directa a la Comunidad de Madrid a los efectos de cargarse su sistema tributario autonómico.
Ante este panorama, la patronal catalana, responde con contundencia, a través de Josep Sánchez Llibre, presidente de Fomento del Trabajo, el cual indicó que “hablar de subidas de impuestos con la que ha caído es una barbaridad y una ofensa al tejido productivo español, durante el acto organizado en el pasado lunes por el Consejo General de Economistas, dejó también muy claro que no solo es contraproducente subir impuestos en un escenario como el actual, nadando a contracorriente de otros países del entorno que han aliviado la presión fiscal para reactivar sus economías, sino que fue meridianamente claro en su rechazo a la armonización que plantea el Ejecutivo porque implicaría incrementar la tributación con una descomunal subida de impuestos y si indica que “estaríamos de acuerdo en una armonización fiscal a la baja”, aunque admite sería “muy difícil”, en esta línea Fomento del Trabajo, no solo rechaza la armonización de tributos como Patrimonio, sino que apela directamente a su supresión y extinción por considerarlo un impuesto “confiscatorio”.
Así podemos tomar el ejemplo de que en Cataluña, por un patrimonio de 800.000 euros se tributa a Hacienda 769 euros, y sin embargo en la Comunidad de Madrid no se paga nada, respecto al Impuesto de Sucesiones, Fomento del Trabajo solicita reducir el tipo del impuesto, ya que en Madrid está bonificado al 99% entre los familiares próximos, vamos que el posicionamiento es muy claro a favor del modelo que defiende Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, Comunidad que tiene el IRPF más bajo de España, y donde impuestos como Patrimonio o Sucesiones son inexistentes o residuales, y ante el ataque despiadado del Gobierno de Sánchez con la acusación más absurda y temeraria que pudiéramos imaginar de hacer dumping fiscal e incluso pactando con la mismisima ERC el desmantelar un paraíso fiscal inexistente. Vamos que se suman al clamor empresarial con más fuerza de cara a que el Ejecutivo desista en aplicar este hachazo fiscal y que por cierto nuestro Gobierno hace oídos sordos a este clamor.
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Para Fomento del Trabajo, “el arma más eficaz para incrementar la recaudación sería combatir de forma decidida la economía sumergida”, significando que el Ejecutivo hasta la fecha no toma en consideración o al menos no aplica.
Sánchez Llibre cifra esta actividad opaca en un intervalo del 20% al 25% del PIB, según su opinión, expresa que “si España lograra recortar esos porcentajes hasta niveles próximos a la media europea, al 10%-15%, las arcas del Estado verían engrosados sus ingresos en hasta 30.000 millones anuales”. También se denuncia desde la presidencia de Fomento del Trabajo que las ayudas directas a las empresas van con mucho retraso ante la dramática situación que están atravesando muchas compañías y que necesitan con extrema urgencia ese paquete de salvamento que viene prometiendo este Ejecutivo, por tanto Sánchez Llibre insiste en que “hay que acelerar los 11.000 millones de ayudas directas, que después de dos meses y medio no han llegado a las empresas”, implorando que ese chute de oxígeno financiero que la vicepresidenta Nadia Calviño confía en que se empiecen a desplegar en “las próximas semanas”, pueden estar llegando demasiado tarde para muchas empresas.
El presidente de Fomento también hace una dura crítica a la “tacañería” del Ejecutivo en la demora del rescate del tejido productivo; significando que “en ayudas directas a las empresas nos hemos quedado muy cortos” si comparamos con el resto de socios europeos como Alemania, Francia o Italia, y exige que se incrementen para poder para salvar a un mayor número de empresas, que, aunque estén en situación de sobre endeudamiento concurre la posibilidad y no es excluyente, de que sean viables y por otro lado “evitar que una oleada de insolvencias afecte a la estabilidad del sector financiero”. Y sobre el tema de los ERTE, respalda “prorrogarlos durante el tiempo que sea necesario”, expresando con claridad meridiana la necesidad de mantener la flexibilidad a los efectos de que las unidades empresariales puedan adaptar sus plantillas a la nueva realidad del mercado al que se enfrentan, y que es también una petición clamorosa en el mundo empresarial.
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Respecto a las PyMes la pretendida subida de impuestos y la armonización fiscal es un dislate que de producirse sería en un momento de desaceleración económica
Víctima de la crisis pandémica y generando un alto nivel de incertidumbre en este contexto macroeconómico tan complicado, donde el parámetro de la caída del consumo privado es más que evidente y si a esto le sumamos el aumento de precio de los combustibles, el impacto en la disminución del sector turístico, la subida unilateral del salario mínimo interprofesional sin contar con el empresariado y la consecuente subida de las bases mínimas de cotización conduce a un incremento del gasto público que no da solución a ninguno de los retos que tiene la economía nacional, no se soluciona con la armonización fiscal pretendida el problema de fondo de esta anómala situación… vamos errados con “H”.
Vamos que no cabe la menor duda, que la prevista subida de impuestos sería letal en este momento para la economía y evidentemente perjudica a la recuperación, dañando no solo la generación de empleo, sino precipitando despidos en determinadas unidades empresariales.
