No todas las resoluciones que se presentan en el Congreso de los Diputados se aprueban. Por supuesto. Pero en todo caso suponen declaraciones de principios que aspiran un día a ser mayoritarias y convertirse en leyes de obligado cumplimiento.
Es lo que acaban de hacer los socios separatistas de Pedro Sánchez. Esquerra, Bildu y BNG, escudándose, según ellos, en el “carácter plurinacional del Estado español”, han presentado conjuntamente un proyecto de ley rupturista de España, en el que se exige el referéndum de independencia de Cataluña, Euskadi y Galicia, como “naciones” de vanguardia de ese Estado a descomponer.
No es la única propuesta del texto rompedor de la unidad de la única nación contemplada en nuestra Constitución, sino que se trufa de otros contenidos ya formulados con anterioridad. Éstos van desde la amnistía para los condenados por el referéndum ilegal, el reconocimiento de que el 1-O “no hubo violencia ciudadana” y dos corolarios ad hoc: que se reformen los delitos de rebelión y sedición y que en consecuencia se retiren los procedimientos de extradición de los golpistas fugados.
En resumidas cuentas, ésa es la resolución presentada por los independentistas y que no ha prosperado, aunque cabe decir que todavía no lo ha hecho, esperando el momento que ello sea posible.
Porque ése es el quid de la cuestión: insistir una y otra vez en esos postulados hasta que la ciudadanía se acostumbre a oírlos o al menos no se escandalice de ellos. En cualquier caso, el final es obvio: el de que el cántaro vaya tantas veces a la fuente que alguna de ellas se rompa y lo que no es más que utopía hoy día se convierta antes o después en realidad.
