– En estos días hemos conocido cómo se han abierto dos frentes de corrupción, presunta, del PSPV.
El primero de ellos es la acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra Francis Puig, hermano del expresidente Puig, y su socio, Juan Enrique Adell, por presuntos delitos de estafa agravada y de falsedad de documento mercantil, delitos por los que la Generalitat Valenciana, es decir todos los valencianos, sufrió un perjuicio económico.
El otro foco de corrupción ha afectado a la militante del PSPV, Isabel García, hasta hace unos días directora general del Instituto de la Mujer, que facturaba de forma irregular contratos relativos a los puntos violetas de la lucha contra la violencia de género, con ayuntamientos dirigidos por alcaldes socialistas fundamentalmente de la Comunitat Valenciana, utilizando a su esposa y empresas fantasma.
Ambos casos producen una gran indignación ciudadana puesto que se unen a los casos de investigación por beneficios familiares del presidente del gobierno, es decir a su esposa Begoña Gómez y su hermano David, que ponen de manifiesto un tipo de presunta corrupción que supone el uso de dinero público para el enriquecimiento familiar y de forma indirecta a los propios dirigentes socialistas.
Puig beneficiaba, según la Fiscalía Anticorrupción, a su hermano con el dinero de los valencianos
Por eso se ha solicitado la apertura del juicio oral contra Francis Puig, lo cual supone que no es que existan indicios de criminalidad sino que la Fiscalía considera que hay pruebas contundentes para que se siente en el banquillo.
Ante esta situación, el PSPV no ha dicho nada, por lo que supongo que estarán esperando a la evolución de la estrategia del partido para los casos familiares de Begoña Gómez y David Sánchez, para copiar la estrategia, olvidando que la apertura del juicio oral es un procesamiento en toda regla, por lo que se pone muy oscuro el horizonte procesal para el entorno familiar de Ximo Puig.
El otro caso, el de la militante socialista Isabel García, es igualmente de indignante, porque une la utilización de su esposa para la facturación de contratos, con la materia de los mismos, es decir, dinero destinado a la lucha contra la violencia de género.
En esta trama se han detectado contratos formulados con ayuntamientos socialistas valencianos, los cuales facturaban a la empresa de la esposa de la directora del Instituto de la Mujer.
Como ejemplo podemos ver lo ocurrido en Burjassot donde se pagaron 40.000 euros a dicha empresa. Así pues, la directora subvencionaba al ayuntamiento y este facturaba a la empresa de la mujer de la misma. Todo un negocio redondo ya que, por el momento, se conocen que están afectados 64 contratos dirigidos a gestionar puntos violeta y otras actividades del Ministerio de Igualdad, por un importe, por ahora, de 250.000 euros.
Es indignante comprobar cómo iba gastando el dinero público el gobierno socialista de la Generalitat y de algunos ayuntamientos, mientras las necesidades de los valencianos iban en aumento.
Estos hechos ya empiezan a emerger públicamente, puesto que el primero ya camina a iniciar el juicio oral, y el segundo, sin duda, será investigado judicialmente. Todo ello se une al inicio de la auditoría aprobada en las Cortes Valencianas sobre las irregularidades de contratos y subvenciones encontradas al abrirse los cajones cuando entró el gobierno del cambio presidido por Carlos Mazón, que se ha comprometido a la “tolerancia cero” de la corrupción.
El Partido socialista valenciano tiene una gran oportunidad para ponerse a disposición de la Justicia y colaborar con la investigación
No basta con alardear de honestidad sino que hay que contribuir a acreditarla, y eso es lo que no está haciendo el PSPV, el cual, a parte de estar todo el día hablando de Franco y de lo que ocurrió hace 80 años, también debería hablar de lo que ocurrió en la Comunitat Valenciana entre los años 2015-2023.
