«Una pyme buitre, muy carroñera.»
Isabel Rodríguez, rueda de prensa del Consejo de Ministros, 29 de septiembre de 2026.
Ya tenemos enemigo nuevo: el buitre de barrio. Antes necesitaba un fondo internacional, una sede lejana y miles de viviendas. Ahora cabe en una pyme. Depredación de kilómetro cero, con gestoría y horario de oficina. Isabel Rodríguez llamó así a Urbagestion, propietaria del piso de Maricarmen. Al admitir que quizá no fuera un fondo, conservó el buitre y le cambió el tamaño.
El siguiente podría ser el «autónomo buitre»: cuota mensual, dos facturas pendientes y peligrosidad social entre declaraciones trimestrales. Este último es cosecha nuestra. La pyme carroñera salió de la sala de prensa de Moncloa.
Todos somos Maricarmen. Qué bien queda. Hasta que hace falta proteger a una Maricarmen sin cámaras, sin acampada y sin nombre de decreto.
Entonces toca esperar, aportar papeles y volver mañana. Una mujer de 87 años merece tranquilidad y un hogar. Y quien actúe con crueldad merece que se examine su conducta. Pero una ministra tiene más herramientas que un insulto. Maricarmen ha puesto cara al problema; el Gobierno quiere ponerse cara de solución. Lleva ocho años en el poder. Ya puede enseñar algo más que la cara.
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Sánchez gobierna desde 2018. En 2023 ya anunciaba 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible.
¿Cuántas están ocupadas, dónde y por quién? Las competencias están repartidas, nos dicen. También las fotos de las inauguraciones. La responsabilidad podría repartirse con las mismas ganas.
El llamado «decreto Mari», (falta el decreto Carmen) mezcla protección frente a determinados desahucios hasta 2030, prórrogas extraordinarias de hasta dos años e incentivos fiscales al alquiler asequible. Es una intervención que puede aliviar a hogares concretos y, políticamente, devolver iniciativa al Gobierno.
Su punto débil está en los tiempos: estabilizar contratos puede ser inmediato; ampliar la oferta exige suelo, licencias, financiación y ejecución. La urgencia social justifica actuar. Los ocho años anteriores obligan a explicar por qué estas decisiones llegan ahora. Y cada medida necesita una cuenta: a quién protege, cuánto cuesta y qué cambia.
Esta reacción recuerda al estudiante que lleva ocho años paseándose por la facultad sin abrir un libro ni dar palo al agua y quiere aprobar el examen final estudiándolo todo la última noche. Café y estimulantes, legales e ilegales; apuntes prestados y fe en el milagro. Encima, intenta convencer a sus padres de que aprueba. Los padres somos nosotros. Seguimos pagando la matrícula. Ha habido leyes y planes: precisamente por eso toca enseñar resultados, en lugar de pedir otro acto de fe.
El Banco de España pone números al atasco:
Unos 240.000 hogares nuevos frente a 92.000 viviendas terminadas en 2025. Ahí hay trabajo para años. Bautizar buitres lleva unos segundos. El decreto puede evitar daños, dar estabilidad y ayudar a construir. Obligar a la Administración a ofrecer alojamiento o pagar la deuda en determinados casos es un avance que merece seguimiento. También conviene leer lo publicado: la restricción de compras alcanza ciertas operaciones por debajo del 70 % de la tasación, con excepciones. Del gran titular a la letra concreta hay un buen trecho. Lo mínimo es que quien la presenta sepa explicarlo.
Y Ceuta sigue sufriendo las consecuencias de aquella invasión migratoria.
Dos meses después de la entrada masiva de julio, la crisis continúa. Un vecino lo dice hoy: «Ahora, con lo de la vivienda, van a dejar de hacer caso a lo que pasa aquí». Esa frase resume el miedo a convertirse en noticia caducada. Los problemas siguen donde estaban cuando las cámaras se marchan. Vecinos y personas atrapadas en la emergencia necesitan soluciones. El calendario de titulares jamás debería decidir cuánto dura la atención del Estado.
Ya que hemos abierto el bestiario, hablemos del Estado sanguijuela.
El que cobra puntual, te marea con trámites, llega tarde y te pide otro esfuerzo para arreglar lo que dejó pudrirse. Los impuestos sostienen servicios necesarios. Precisamente por eso hay que exigir que funcionen. Una empresa pequeña puede abusar; un aparato enorme también puede incumplir. El escudo institucional no concede superioridad moral. Y cobrar primero para explicar después que la culpa siempre está fuera merece bastante más que una pregunta amable.
Todos somos Urbagestion.
La frase escuece: cualquiera puede acabar señalado desde un altavoz al que apenas tiene cómo responder. La empresa deberá responder por su conducta; llamarla carroñera no explica qué hizo ni qué dejó de hacer la Administración. Una ministra puede criticar con dureza. También debe explicar con precisión aquello que denuncia.
Todos somos buitres carroñeros si aceptamos que un insulto haga de argumento. Hoy señala a una empresa; mañana podría servir para despachar al que reclama una factura o pregunta por sus impuestos. Mientras tanto, estamos hasta los cojones de pagar, esperar y escuchar que esta vez sí. El hartazgo tiene memoria: recuerda las promesas cuando sus autores ya están estrenando otras.
La salida exige pagar a tiempo, perseguir abusos, facilitar suelo y licencias y entregar viviendas donde hacen falta. Con presupuesto, fechas y alguien que responda si falla. Proteger hoy tiene sentido si permite construir alternativas para mañana. De lo contrario, cada prórroga será otra convocatoria del mismo examen.
En la próxima rueda de prensa, tú deberías saber cuántas familias han recibido una solución y cuántas viviendas han abierto sus puertas. Los nombres de los buitres ya nos los sabemos. Ahora queremos direcciones. Y llaves.
Jose Navarro ✶
