Del Estado y del Gobierno
El Gobierno lo es del Estado, pero el Estado no es del Gobierno, y esto es algo que el actual Gobierno en funciones parece obviar
Suele pasar inadvertido pero hoy en día lo estamos viendo descarado en la situación en la qué el Gobierno en funciones parece ha puesto a la Abogacía del Estado.
El Estado es una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva.
El Gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones del Estado, su labor consiste en la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado.
En principio uno podría pensar que siendo así los intereses del Estado y los intereses del Gobierno deberían ser si no los mismos si al menos confluyentes pero se esta evidenciando que esto no es necesariamente así.
De hecho todo parece indicar qué este Gobierno en funciones está, por decirlo suavemente, mercadeando con el Estado qué en ningún caso le pertenece a un Gobierno y menos aún a uno en funciones.
Un Estado cómo el nuestro, Social, Democrático y de Derecho, tiene un conjunto de intereses vitales, de objetivos nacionales permanentes, pautas o normas de conducta inalterables como por ejemplo la vigencia de la integridad territorial, o la división del poder en tres ramas, la legislativa, la ejecutiva y la judicial.
Esas pautas están recogidas en nuestra Constitución y para aplicarlas escogemos democráticamente a unos representantes políticos por periodos de cuatro años generalmente.
Pero, y se trata de un pero importante, se les escoge para gestionar y administrar esos intereses vitales, cualquiera que sea la orientación ideológica y filosófica del gobernante de turno que resulte de ese proceso democrático, no para cambiarlos a su antojo ni para utilizarlos como moneda de cambio con fines políticos o de cualquier otro tipo.
Dicho con más claridad, ningún Gobierno, ni aún si no está en funciones y menos estándolo, esta cualificado para cambiar el Estado, para alterar nuestros intereses vitales, nuestros objetivos nacionales permanentes, nuestras pautas o normas de conducta recogidas en nuestra Constitución tal y como fueron acordadas, votadas, refrendadas y aprobadas por una mayoría de nosotros.
Para ello existen procedimientos establecidos, procedimientos que nos implican a todos, no tan sólo a una parte de nosotros, procedimientos que son democráticos, palabra qué literalmente significa Gobierno del Demos, del Pueblo, que obligan a nuestros representantes a disolver las Cámaras e iniciar todo un proceso democrático especial para poder cambiar nuestra Constitución tan sustancialmente como para cambiar el Estado.
Los abogados de la Abogacía del Estado saben esto muy bien y si de la Abogacía del Estado sale cualquier cosa qué atente contra los intereses del Estado, por mucho que el Gobierno en funciones porfíe en ello buscando su propio mal entendido beneficio y por mucho qué algunos partidarios de este Gobierno en funciones que pueda haber en esa institución lo fuercen, saben que han dado cobertura a un acto de la más despreciable felonía.
Y esto es necesario decirlo porqué es necesario saberlo, qué todos y cada uno de los españoles lo sepamos y entendamos a la perfección.
Todo lo recogido en nuestra Constitución define nuestro Estado e intentar mudarlo, cambiarlo, de otra forma distinta a la que democráticamente dispusimos y nos dimos en su día es una felonía, una traición.
Ni la abolición de la Monarquía y el establecimiento de la República ni la escisión de una parte del Territorio Nacional ni la convocatoria de ningún referéndum conducente a algo de ello es legal si no se lleva a cabo pasando por el proceso establecido para modificar nuestra Constitución y variar nuestro Estado.
Y en cuanto a la “queja” de qué eso no sea democrático o que sea “represivo” al principio hemos visto qué el Estado es una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva.
Y es coercitiva porqué el Estado, cualquier Estado, todos los Estados, se reservan y asumen el monopolio de la aplicación de la fuerza.
Esa fuerza y su aplicación, esa coerción, no hace que el Estado sea antidemocrático, ni que sea represor, esa fuerza es la soberanía que hace que el Estado sea Estado y perviva y proteja a aquellos que lo integran de acuerdo con sus Leyes y normas.
Lo auténticamente antidemocrático es actuar contra el Estado Español, el Estado Democrático, Social y de Derecho qué nos dimos, qué democráticamente acordamos, votamos, refrendamos y aprobamos una inmensa mayoría de nosotros.
Y lo auténticamente represivo es qué una minoría, política o de cualquier tipo, actúe contra aquellos que defienden nuestro Estado, qué los descalifique o coaccione, qué busque desinformar o manipular a la población a través de medios de comunicación qué domina o de acciones callejeras coercitivas o violentas.
Nuestro Estado está en riesgo.
Pero debemos estar preparados para seguir librando otras batallas si ellos caen porqué, señores, el Estado somos nosotros, todos nosotros unidos, el Pueblo, el Demos y aquellos qué están atentando contra el Estado, los que están mercadeando con nuestro Estado, atentan contra nosotros, mercadean con nosotros y son cualquier cosa menos demócratas.
