Ha comenzado el periodo para el pago del impuesto sobre la renta y el President Mazón ha presentando unas iniciativas de rebajas fiscales tendentes a paliar el infierno fiscal al que nos ha sometido durante los últimos años el Gobierno.
Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa los impuestos han subido hasta en 94 ocasiones y en la renta que vamos a pagar este año, la carga impositiva supone un aumento de 500 euros por cada español.
Siendo la Comunitat Valenciana la comunidad peor financiada de España, las cuentas del Consell han hecho un esfuerzo notable para compensar el hachazo fiscal que la locuaz e imprudente Vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, nos está sometiendo a los valencianos. La realidad es que las deducciones fiscales aprobadas por el Gobierno valenciano han convertido nuestra Comunitat en la que más deducciones autonómicas existen, cifrándose en 40.
De entre las deducciones cabe destacar la que permite desgravar el 100% de los gastos de reparación en viviendas afectadas por la riada de octubre pasado, además se ha incorporado una deducción autonómica de hasta el 45% por las inversiones en empresas con sede en las zonas afectadas con un límite de 9.900€. Igualmente se mantienen las deducciones fiscales por nacimiento, adopción o acogimiento de 300€ por hijo, extendiendo también deducciones por familia numerosa o monoparental, por nacimiento de hijos con discapacidad, o nacimientos múltiples
Se mantiene la deducción por gastos de guardería o educación infantil, por conciliación del trabajo con la vida familia, por contribuyentes con discapacidad o por ascendientes mayores de 75 años y mayores de 65 con discapacidad a tu cargo y por contratación de empleados del hogar para cuidado familiar por descendiente menor de 5 años o ascendiente mayor de 75 años.
También la vivienda produce deducciones fiscales: así, por alquiler de vivienda con renta limitada, por compra de primera vivienda si va a ser la habitual aplicable a menores de 35 años, por compra de vivienda habitual para personas con discapacidad, por adquisición o rehabilitación de vivienda con ayudas públicas y por inversión en energías renovables para instalaciones en vivienda habitual o áreas comunes.
Las deducciones se prevén para gastos en salud no cubiertos por la seguridad social, en enfermedades crónicas raras y cuidados especiales, en salud bucodental, salud mental, cristales graduados, lentes de contacto, así como en gastos en deportes y actividades saludables. También se extienden las deducciones de un 60% de los impuestos sobre transmisiones para parcelas agrarias y la exención de tasas al sector pesquero. Así, hasta 40 tipos distintos de deducciones fiscales que abarcan salud, vivienda y familia, fundamentalmente.
Pero la principal apuesta del Consell es favorecer a los afectados por la riada frente a la “voracidad” fiscal de Pedro Sánchez, ya que ha causado verdadera indignación que las ayudas a las pymes y los autónomos afectados por la catástrofe que hayan recibido ayudas de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España les cobra los impuestos por el dinero recibido, haciendo negocio con las desgracias de miles de valencianos. Esta actitud insensible contrasta con el apoyo del Consell que ha aprobado una fiscalidad cero en los impuestos dependientes de la Generalitat valenciana referidos a los gastos realizados para la recuperación de las personas, propiedades y empresas afectadas por la riada.
La crítica de los negacionistas de las bajadas de impuestos se basan en que se ven afectados servicios esenciales como la sanidad o la educación, pero ocultan que, por ejemplo, la Comunitat Valenciana ha recaudado un 7,8% más tras esa bajada de impuestos ya que activa la actividad económica y sobre todo, el gasto de las familias con rentas medias y bajas. Así pues, en la Comunitat Valenciana la recaudación fiscal en el tramo autonómico ha pasado de ingresar 6.000 millones de euros a 6.800 millones aún habiendo realizado las deducciones fiscales, por lo que gracias a ese aumento pueden cuadrarse los futuros presupuestos con un aumento de un 8% en sanidad, un 4% en educación y un 2% en servicios sociales.
Como dice el escritor valenciano, Santiago Posteguillo: “es un error generalizado reclamar dinero a aquellos que están por debajo incrementando impuestos, cuando no se ha dado ejemplo de austeridad, un error que se repite de generación en generación”, y sobre todo, cuando se emplea nuestro dinero para pagar al hermano del presidente Sánchez por no ir a trabajar o por contratar a las “amigas” del exministro Ábalos en empresas públicas, mientras se despedían a 39 trabajadores, o para financiar un máster en una universidad pública de Begoña Gómez, entre otros gastos de discutible explicación.
