Si observamos con perspectiva el escenario geopolítico de los últimos años y consideramos la ley de alternancia que históricamente ha marcado los ciclos de poder, resulta evidente que estamos inmersos en un giro completo que deja atrás el discurso wokista y recupera los valores del pensamiento conservador. Ejemplos como el ascenso de Giorgia Meloni en Italia, Javier Milei en Argentina o el retorno de Donald Trump en EE. UU. marcan los primeros hitos de esta transformación.
Desde una lectura más profunda de la narrativa política contemporánea, puede decirse que este cambio de ciclo se explica, en gran medida, por el desgaste del adversario. Es el triunfo de la alternativa frente a un modelo agotado.
La ciudadanía ha empezado a dar la espalda a un discurso excesivamente correcto que ha saturado el espacio público y se ha desligado de las responsabilidades concretas que exige la gestión real de un país, y España no es una excepción en este contexto.
Entre los múltiples frentes institucionales que hoy preocupan a los españoles, hay uno que ha cobrado especial protagonismo en las últimas semanas: la inmigración ilegal. Un fenómeno que ha quedado atrapado entre la tensión del ideal humanista y el olvido de la dimensión política y práctica que demanda una respuesta clara y eficaz, convirtiéndose así en uno de los tabúes de la era de la complacencia discursiva.
Nombrarlo sin matices, señalar sus aristas jurídicas o sociales, supone a menudo exponerse a una caricaturización inmediata: la del intolerante, el excluyente, el xenófobo. No obstante, no es xenofobia exigir que lo ilegal sea regulado. En tiempos como los actuales, conviene recuperar la sensatez frente al ruido. Al fin y al cabo, el término “ilegal” no admite ambigüedades: lo que se sitúa fuera del marco legal debe ser objeto de regulación, control y prevención si aspiramos verdaderamente a proteger la cohesión social y el orden constitucional que sustentan nuestra convivencia.
Si bien es innegable que la inmigración constituye un fenómeno complejo, cuya gestión supone un equilibrio delicado -pues, al ceder a la compasión se puede debilitar la seguridad, y viceversa-, lo cierto es que su tratamiento ha dejado de ser una cuestión de responsabilidad pública para convertirse en un emblema ideológico.
Se ha instrumentalizado como arma política, convertida en eslogan, en bandera o en línea argumental de campaña, despojándola de la mirada crítica que requiere por respeto a todas las partes involucradas.
La falta de acción está generando tensión social. Y cuando no hay respuesta desde las instituciones, la reacción se traslada a las calles. Los recientes acontecimientos en Torre Pacheco, al margen de cualquier intento de justificación de violencia -que en ningún caso debe ser tolerada o relativizada-, reflejan un malestar acumulado durante años. La falta de respuestas claras y eficaces termina generando reacciones que, aunque reprobables en su forma, tienen raíces que no deben ignorarse.
La inacción, inevitablemente, provoca reacción.
Hubo un tiempo en el que los gobiernos comprendían su misión esencial: sostener el orden y la cohesión social, garantizando una civilización ordenada y bien atendida. Sin embargo, esa etapa de la política parece haberse desvanecido. En su lugar, se ha instalado una nueva era, la de la política de la incertidumbre, que privilegia la retórica sobre la acción, la imagen sobre el compromiso, y la confrontación estéril sobre el gobierno real. Una política que no busca resolver, sino resistir; que no pretende construir, sino simplemente impedir que otros lo hagan.
Sobre esta pirámide de la corrección impostada, donde prima el deseo de agradar por encima del deber de gobernar, se eleva el fenómeno de la inmigración descontrolada.
Lejos de integrarse política y socialmente de forma armónica, termina imponiéndose, promoviendo valores y formas de vida abiertamente contrarios a los principios que, en teoría, sustentan nuestro orden constitucional y cultural.
Como ya advertía Ortega y Gasset, “el hombre masa” no exige integrarse, sino que irrumpe en el espacio público con la expectativa de que todo se adapte a él. Bajo este prisma, la convivencia deja de ser un pacto mutuo para convertirse en una cesión unidireccional, donde la cultura de acogida renuncia a sí misma en nombre de una inclusión mal entendida.
La inacción se ha resuelto en una polarización amplificada que supera el prisma de derecha o izquierda; una polarización que ha perpetuado las raíces sociológicas de los españoles, generando una división transversal que atraviesa todos los ámbitos de la vida pública: dos bloques enfrentados, sin espacio para los matices.
Por un lado, un discurso racista que asume la parte por el todo, y por el otro lado, un discurso que enmascara el riesgo que implica abrir las puertas a cualquiera sin una regulación adecuada.
Como suele suceder con el Partido Socialista, los primeros afectados en este asunto son aquellos que dicen proteger. Son aquellos inmigrantes legales, que han luchado por regularizar su situación y que trabajan con esfuerzo para sostenerse a sí mismos y a sus familias. Y por supuesto no culpo al inmigrante que huye de su país empujado por la necesidad o la adversidad, sino que culpo al gobierno.
Culpo al Gobierno de confundir la generosidad con el desorden, de extender una caridad sin control mientras prioriza intereses electorales por encima del bien común. Lo culpo de anteponer la ayuda a quienes no votan antes que a quienes sostienen el país que les dio origen. De rehuir la responsabilidad de regular con firmeza y justicia por miedo a ser señalado, mientras se refugia en un discurso antifascista cada vez más vacío y automático.
Culpo al Gobierno de propiciar una polarización que obliga a la ciudadanía a tomar partido en un tablero sin matices, donde toda crítica es sospechosa y toda cautela es criminalizada. De empujar a España hacia los extremos, no por convicción ideológica de sus ciudadanos, sino por falta de una alternativa sensata y valiente.
Y sobre todo, lo culpo de gobernar para sí mismo, de instrumentalizar el poder sin proyecto de país, sin horizonte compartido. Porque cuando un Gobierno deja de pensar en el conjunto de su pueblo para pensar solo en su permanencia, no solo fracasa: empobrece. Y con ello, desdibuja el país que dice defender.
