Ahora que algunos aprovechan el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para poner sobre la mesa un debate sobre el peligro que podría estar corriendo la democracia, la Unión Europea no debería sacar demasiado pecho de su carácter democrático. No, al menos, a la vista del trato que dispensa a los agricultores y ganaderos.
Según el Eurobarómetro hecho público por la UE, más del 80% de los ciudadanos europeos (más del 90% en España) están de acuerdo o muy de acuerdo con las recientes protestas de los agricultores en Europa; consideran que la importación de productos agrarios, independientemente de su origen, solo debería permitirse si su producción cumple las normas europeas en materia de medio ambiente, bienestar animal y laboral; y coindicen con el sector agrario en que los acuerdos comerciales de la UE exponen a los productores comunitarios a la competencia desleal de países terceros.
¿Entonces por qué la Comisión Europea y los Estados Miembros, en lugar de defender las políticas agrarias que apoya la mayoría, hacen justamente lo contrario? El tratado con Mercosur, por poner el último ejemplo, es tan perjudicial como antes lo han sido los acuerdos con Sudáfrica, Marruecos o Egipto. En todos ellos, Europa no pide a los productos agrarios de fuera las mismas exigencias que sí se afana en imponer a los europeos. Por tanto, si la Comisión sabe lo que piensa y respalda la ciudadanía europea, pero aprueba leyes que no respetan lo que piensa la gente, entonces estamos ante una Comisión que dista mucho de ser democrática.
Los motivos que esconde Bruselas para actuar de espaldas al campo y la sociedad son más oscuros de lo que parece. Estos días hemos conocido una investigación, del periódico holandés De Telegraaf, que revela que la Comisión Europea ha estado otorgando subvenciones a grupos ecologistas con el objetivo de que lleven a cabo una calculada campaña de lobby, con nombres y apellidos de eurodiputados a influir, a favor del Pacto Verde que impulsaba Frans Timmermans.
Es inaudito que todo un vicepresidente primero de la Comisión se dedicara, como una mano negra, a mover hilos por detrás del telón, incentivando un radicalismo ecológico en Europa, buscando el enfrentamiento con el sector productor y poniendo contra las cuerdas, no solamente la viabilidad económica de los agricultores y ganaderos europeos, sino también la soberanía alimentaria y la lucha mundial contra el cambio climático.
Porque sus supuestas leyes ‘verdes’ en realidad lo que hacen es exportar y agravar la contaminación, dando una ventaja tramposa a unas importaciones agrarias que son producidas en unas condiciones ambientales mucho más laxas y que son transportadas en barcos no poco contaminantes desde miles de kilómetros. Por cierto, la mayoría de esas importaciones promovidas por el holandés Timmermans descargan en el puerto de Rotterdam, convertido gracias al Pacto Verde en una mina de diamantes.
Independientemente de sus intereses, no constituye la manera de hacer política más transparente y honesta aquella que se gasta el dinero público de los europeos en grupos ecologistas radicales para hacer la vida imposible a una parte de la población que es más necesaria que nunca para garantizar una alimentación de proximidad, calidad y seguridad. La Comisión Europea debería dar todas las explicaciones, pedir disculpas a la sociedad y rectificar el rumbo de sus políticas agrarias en aras de lograr, de verdad, una democracia plena, participativa y no excluyente del sector agrario.
