Lo peor que puede ocurrirle a un país es que termine acostumbrándose, a las promesas incumplidas.
A las explicaciones que insultan su inteligencia. A escuchar que nadie es responsable. A bajar tanto sus exigencias que una dimisión parezca una heroicidad y dar explicaciones, un favor.
El próximo 29 de noviembre votaremos. Faltan pocas semanas. Conviene emplearlas en algo más que escuchar a quienes volverán a presentarse como nuestra última esperanza después de haber dispuesto de años para demostrarlo.
Sánchez lleva más de ocho años en la Moncloa. Zapatero estuvo más de siete. Entre ambos gobernó Rajoy, que también debe responder por sus decisiones y sus omisiones. La responsabilidad no desaparece al cambiar las siglas del Gobierno.
De las leyes de memoria a la amnistía, veo una política demasiado ocupada en decidir qué pasado debemos recordar y qué responsabilidades conviene olvidar. Mientras tanto, el ciudadano necesita algo bastante menos solemne: trabajar, vivir con seguridad, acceder a una vivienda y confiar en que las instituciones cumplirán su función cuando las necesite.
Un Estado tiene que servir también cuando no hay cámaras delante.
Pero el hartazgo, por sí solo, no modifica una ley. Recuperar la independencia de las instituciones, poner al frente a personas competentes y exigirles cuentas requiere trabajo y decisiones. También mayorías. Aquí empiezan las cuentas que deberían explicarnos antes de pedirnos el voto.
La mayoría simple significa más votos a favor que en contra. Permite investir a un presidente en segunda votación. Ser el partido más votado no garantiza gobernar.
«Mayoría simple»
La mayoría absoluta se alcanza con 176 diputados en un Congreso de 350. Es la exigida para aprobar, modificar o derogar leyes orgánicas en la votación final de conjunto. Puede reunirla un partido o varios.
«Mayoría absoluta: 176»
Los tres quintos son 210 diputados. Es la regla general para la reforma constitucional ordinaria, que exige también tres quintos del Senado, aunque existe una vía alternativa. Puede haber referéndum si lo solicita una décima parte de cualquiera de las Cámaras.
«Tres quintos: 210»
Los dos tercios son 234 diputados. La reforma constitucional agravada exige esa proporción en ambas Cámaras, disolverlas, celebrar elecciones, volver a aprobar el texto por dos tercios y someterlo a referéndum. Una victoria electoral no permite saltarse ese procedimiento.
«Dos tercios: 234»
Estas cifras determinan hasta dónde puede llegar una promesa y dónde empieza una excusa. No todo exige reformar la Constitución. Tampoco basta cualquier mayoría para cambiar cualquier norma.
Cuando alguien anuncie que va a «cambiarlo todo», que diga qué cambiará, cómo y con quién.
Y cuando asegure que «no se puede hacer nada», que identifique la mayoría que le falta. Los ciudadanos tenemos derecho a saber si nos están ofreciendo un proyecto o preparando una coartada.
A la oposición hay que exigírselo desde ahora. Que se marche Sánchez puede ser un objetivo electoral. Gobernar después exige tener preparado el trabajo. Sería insoportable pedir un cambio, conseguirlo y descubrir que quienes llevaban años reclamando su oportunidad no sabían qué hacer con ella.
También habrá que exigirles que acepten controles y rindan cuentas. Una mayoría amplia aumenta la responsabilidad de quien la recibe. Las instituciones deben proteger al ciudadano incluso frente al Gobierno que ese mismo ciudadano ha votado.
Antes de elegir papeleta, pensemos qué queremos corregir, quién ofrece un plan creíble y con quién pretende ejecutarlo. Y recordemos el Senado: también se vota y también cuenta.
El voto dura unos segundos. Después llegan las decisiones sobre nuestros impuestos, nuestros derechos y los servicios que necesitamos. Cuando fallan, el ciudadano paga con dinero, con tiempo y, en ocasiones, con oportunidades que ya no recupera. Las disculpas del siguiente mitin no se las devuelven.
El 29 de noviembre, haga cuentas. Después las pagamos todos
