Desde 1978 hasta nuestros días, la historia de nuestra democracia está salpicada—o más bien inundada—por una sucesión de escándalos que hacen del pillaje una tradición nacional, casi folclórica. Una especie de romería en la que, en lugar de santos, veneramos contratos amañados, comisiones secretas y bolsillos sin fondo.
Aquí, curiosamente, lo alarmante no es solo ese viejo juego del «y tú más» con el que los partidos se lanzan basura y excrementos como si fueran niños gamberros; lo que de verdad indigna es descubrir el «y tú también», el desolador escenario en el que nadie se salva, en el que unos acusan con razón y otros responden con la verdad incómoda del espejo.
Mientras la deuda pública se multiplicaba exponencialmente—alcanzando en 2024 cifras históricas superiores al 100% del PIB, cerca de 1,62 billones de euros—y el PIB rondaba los 1,72 billones de euros, España asistía impasible al saqueo sistemático de sus arcas públicas.
Solo el caso de los ERE de Andalucía, con estimaciones que rondan los 1.000 millones de euros, ilustra dramáticamente cómo el dinero público desaparece en oscuras redes que benefician a unos pocos mientras hipotecan el futuro de muchos. Mercasevilla, Gürtel, Púnica, Malaya, Bárcenas con su indemnización en diferido y aquel misterioso nombre «M. Rajoy» que nadie parecía conocer… nombres que resuenan con la amarga melodía del desfalco colectivo.
Al igual que en los años duros de la mafia americana, da lo mismo que nos robe la italiana, la irlandesa o la china; lo verdaderamente grave es que nos roban con casi total impunidad.
Y si miramos al presente, ahí están los últimos casos, que desgraciadamente ya no sorprenden a nadie: Montoro, y todo el mundo lo sabía; Cerdán y Ábalos, y todo el mundo lo sabía; David y Miguel, otro secreto a voces; Begoña, y todo el mundo lo sabía; Pepín, y todo el mundo lo sabía; Sabiniano, y todo el mundo lo sabía; las sobrinas, y lo de siempre… Mordidas nacionalistas de izquierda, derecha, más izquierda, más derecha… y todo el mundo lo sabemos.
El señor fiscal y su dependencia, «pues eso»… Las maletas, los maletines y los «meletones». ADIF y aquello de «te denuncio si hablas de mi hermana», ya con cinco imputaciones… y por supuesto, las comisiones reales y las Reales, que todo el mundo conocía pero nadie se atrevía a señalar abiertamente. La fortuna que se despilfarra en propaganda institucional—sí, propaganda, no publicidad—en hidratantes contratos que mágicamente devuelven el dinero al mismo lugar del que partió.
Y no olvidemos ese eterno chantaje emocional de nuestros políticos:
«Si no hacemos tal o cual esfuerzo, peligran las pensiones». Ya está bien de amenazar siempre a aquellos que ya no tienen herramientas ni tiempo para reaccionar, a los sujetos pasivos, los jubilados, los ancianos que lo dieron todo por sus familias y su país sin rechistar. Basta ya de cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de unos abusos que nunca cometieron.
La suma estimada de todo lo robado desde 1978 hasta hoy supera ampliamente los 200.000 millones de euros, una cifra escalofriante que representa aproximadamente el 12% del PIB actual (unos 1,72 billones de euros) y más del 12% de la deuda pública acumulada (1,62 billones de euros).
En 1978, con una deuda pública de apenas el 16% del PIB, unos 15.997 millones de euros sobre un PIB de alrededor de 99.980 millones de euros, el impacto relativo habría sido demoledor. En 2000, con una deuda pública de unos 374.600 millones de euros, alrededor del 58% del PIB de aproximadamente 646.250 millones de euros, esa cifra también habría resultado dramática.
Hoy, con cifras históricas que superan el 100% del PIB, lo robado es sencillamente insostenible.
Pero, ¿se han preguntado alguna vez cuántos hospitales (unos 2.000), cuántas escuelas (unas 40.000), cuántas becas educativas (20 millones) o cuánto podría aumentar cada pensión mensual (alrededor de 1.666 euros más al mes) podríamos haber financiado con ese dinero robado? ¿Cuántas generaciones de españoles estarán hipotecadas, no por crisis económicas inevitables, sino por este cáncer silencioso llamado corrupción?.Este es el verdadero drama, la pérdida irrecuperable de oportunidades, de futuro, de vida digna para millones de españoles.
Pero, ¿saben qué es lo verdaderamente imperdonable? Que nos hayamos acostumbrado.
Que hayamos asumido la corrupción como parte del paisaje. La corrupción es nuestro Everest particular, siempre ahí, imponente y aparentemente imposible de derribar. Pero quizás sea tiempo de que alguien diga en voz alta que no hace falta escalarlo, que es mejor derrumbarlo.
Necesitamos nuevas ideas, nuevas personas, nuevas maneras. Necesitamos dejar de creer en los salvadores de siempre, esos que cambian de rostro pero mantienen las mismas costumbres. Necesitamos ciudadanos conscientes, individuos libres protegidos por leyes fuertes, capaces de velar por sí mismos para así proteger a toda la sociedad. Porque si queremos una democracia sana, deberíamos empezar a tratar al ciudadano con el respeto y la consideración que merece como auténtico propietario del país.
Es hora de cambiar nuestra forma de pensar, porque la corrupción no es un fenómeno meteorológico inevitable:
Es una decisión política consciente, una cadena de silencios cómplices. Pero sobre todo, la corrupción es la consecuencia lógica de una sociedad dormida, distraída por debates falsos y juegos políticos absurdos, o lo que sería peor: enferma…
Ahora, toca despertar.
Toca creer que es posible hacer las cosas de otra manera. Que no estamos condenados a vivir atrapados en una eterna repetición de titulares escandalosos. Toca recuperar no solo el dinero robado, sino también la esperanza, la dignidad, la ilusión.
Porque al final, lo que necesitamos desesperadamente no es solo menos corrupción; necesitamos, por encima de todo, más libertad, más responsabilidad individual, y más valor colectivo. Y quizás entonces, en algún futuro no demasiado lejano, podremos vernos reflejados en el espejo y en lugar de decirnos «y tú también», podamos al fin decirnos orgullosamente: «Y nosotros no.»
