La Generalitat exige al Gobierno fondos suficientes para compensar costes indirectos del CO2 sobre el clúster cerámico
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado positivamente la inclusión del sector azulejero español en el sistema de compensación de costes indirectos de CO2 de la Unión Europea, que entrará en vigor a partir de 2026. Sin embargo, ha advertido que esta medida es insuficiente para mitigar el denominado “hachazo energético” que afecta al clúster cerámico valenciano.
Se solicita mantener las retribuciones de cogeneración para evitar pérdidas millonarias
El president subrayó que el verdadero desafío para la industria sigue siendo el Régimen de Comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, considerado la principal amenaza para la cerámica española. Por ello, ha reiterado su petición de que el Gobierno defienda los intereses del sector y busque la suspensión de este régimen, al tiempo que solicita que no se apliquen los recortes previstos en las retribuciones de la cogeneración, cuya reducción supondría “pérdidas millonarias” para las empresas afectadas.
Pérez Llorca recordó que esta cuestión fue planteada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión mantenida en Moncloa el pasado 17 de diciembre, y ahora exige que el Ejecutivo central dote de fondos suficientes a este sistema de compensación. El objetivo es que el mayor número de empresas electrointensivas del sector puedan acceder a las ayudas con cuantías significativas, garantizando un alivio real frente a los costes indirectos de CO2.
El clúster cerámico necesita un marco legal y energético justo y realista
Asimismo, Pérez Llorca ha enfatizado la necesidad de un marco legal y energético justo y realista que permita a la industria azulejera valenciana competir en igualdad de condiciones con empresas externas que no están sujetas a las mismas obligaciones. Según el president, apoyar al sector pasa por combinar medidas económicas, legales y energéticas que aseguren la continuidad de un clúster que representa un pilar estratégico para la economía valenciana.
Estas acciones se enmarcan dentro de un conjunto de 100 medidas para la Comunitat Valenciana, entre las que se incluyen diferentes iniciativas dirigidas a proteger y reforzar los sectores productivos estratégicos frente a la sobrerregulación europea y la volatilidad de los mercados energéticos.
