La Unió Llauradora i Ramadera critica, tras la publicación en el BOE de las medidas anticrisis por la guerra en Oriente Medio anunciadas por el Gobierno el pasado viernes, que se deje fuera a los apicultores de la Comunitat Valenciana al no poder acceder a las ayudas cuando es fundamental el uso de gasóleo para su actividad.
La organización reclama una enmienda para incluir a los apicultores mediante una disposición adicional específica para paliar el efecto nocivo que va a ocasionar al campo la crisis en Oriente Medio, tras dispararse el precio de los insumos agrícolas.
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El decreto canaliza la ayuda de 20 céntimos por litro a través de la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH).
Solo tienen acceso a esa devolución quienes utilizan gasóleo B en tractores y maquinaria agrícola. Los apicultores usan gasóleo A de automoción en sus furgonetas y camiones para desplazar colmenas -una actividad plenamente agraria- y por tanto no generan devolución de IEH. Ese mismo problema ya se produjo en 2022 con el plan de choque de la guerra de Ucrania. Cuatro años después, el RDL 7/2026 reproduce exactamente el mismo mecanismo sin corrección.
LA UNIÓ indica que la actividad apícola depende de forma directa del consumo de gasóleo, especialmente por la trashumancia, una práctica esencial que consiste en el traslado de las colmenas a diferentes zonas a lo largo del año para garantizar la disponibilidad de alimento, la producción de miel y la salud de las abejas. Este movimiento constante implica un elevado coste en combustible que resulta imprescindible para mantener la actividad.
En este sentido, LA UNIÓ cifra un coste extra de gasóleo al año para la apicultura trashumante de, al menos, 800 euros para una explotación con el número mínimo de colmenas (150), que puede llegar hasta los 3.700 euros para un número de 700 colmenas.
Asimismo, señala que los apicultores deben realizar desplazamientos frecuentes para el manejo de las colmenas, incluyendo tareas de alimentación, control sanitario y seguimiento de la producción. A ello se suman los costes adicionales derivados de actuaciones como el control de plagas o la vigilancia de las colmenas, que incrementan aún más el consumo de gasóleo.
LA UNIÓ denuncia que esta situación supone un claro agravio comparativo respecto a otros sectores ganaderos y agrícolas, que sí pueden beneficiarse del gasóleo bonificado. Por ello, reclama a la Administración que reconozca la especificidad de la apicultura y garantice su acceso a este tipo de apoyo.
El sector recuerda que las abejas desempeñan además un papel fundamental en la polinización de cultivos y ecosistemas, siendo clave para la producción de alimentos y la biodiversidad. Asegurar la viabilidad económica de la apicultura es, por tanto, una cuestión estratégica para el conjunto del sistema agrario.
Otras actividades ganaderas extensivas también se ven afectadas, al igual que la apicultura, por el incremento del precio del gasóleo, especialmente aquellas que requieren desplazamientos frecuentes o el uso intensivo de maquinaria.
En este sentido, reclama que esta bonificación se haga extensiva a los vehículos determinantes en la actividad de las explotaciones. “Puede ser que un tractor sea muy gráfico y claro, pero la ganadería, por su parte, también cuenta con vehículos que se necesitan para el suministro del alimento, la gestión diaria de las explotaciones o el transporte de animales y que deberían tener también acceso a estas ayudas”, explican.
En la Comunitat Valenciana hay 2.525 explotaciones apícolas censadas en la actualidad, con un censo de 280.109 colmenas. El descenso es de un 40% en los últimos veinte años. La caída productiva por motivos climáticos y sanitarios va acompañada de una caída de los precios. En contraposición, el mercado se ve distorsionado por mieles importadas de terceros países de ínfima calidad que empujan a la baja a los precios de nuestra miel y provocan el creciente abandono de explotaciones.
