El reto demografico y la lucha contra la despoblación han centrado la reclamación de la Generalitat al Gobierno de España, al que ha pedido un mayor esfuerzo presupuestario. La solicitud se ha trasladado durante la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, en la que se han fijado los criterios de reparto del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial (FCT) para 2026.
El reto demografico y la financiación estatal
La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha defendido la necesidad de mejorar la dotación estatal y ajustar los criterios de distribución a la realidad de los territorios.
“Es imprescindible que podamos incrementar las actuaciones en los municipios que se encuentran en riesgo de despoblamiento. El Gobierno de España debe liderar políticas claras que permitan desarrollar actuaciones concretas que mejoren la vida de los ciudadanos de estas localidades”, ha señalado.
La Comunitat Valenciana ha votado a favor del acuerdo “desde la lealtad institucional y la voluntad de colaboración”, aunque considera insuficiente la financiación prevista.
Menos recursos pese a las necesidades territoriales
En 2026, la Comunitat Valenciana recibirá 1.067.000 euros, por debajo de los 1.084.000 euros del ejercicio anterior. La consellera ha criticado que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado limite el crecimiento de los fondos destinados a esta materia.
Además, ha señalado que mientras la Generalitat ha incrementado su aportación un 50 %, hasta los 6 millones de euros, el Estado solo lo ha hecho en un 10 %, hasta los 2 millones.
“Los fondos deben ajustarse mejor a la realidad de los territorios y a las necesidades de los municipios que sufren el riesgo de despoblamiento”, ha insistido Albalat.
Medidas de la Generalitat frente a la despoblación
El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha destacado la necesidad de poner el foco en las oportunidades de los territorios en riesgo de despoblación y garantizar servicios en igualdad de condiciones.
También ha advertido de la falta de servicios bancarios en muchos municipios, una situación que ha calificado como “más que una exclusión financiera, una exclusión social”. En este sentido, ha reclamado al Gobierno central que acelere la ley pendiente sobre servicios bancarios en estas zonas.
La Generalitat ha defendido además las actuaciones impulsadas con fondos europeos, que han permitido que el 75 % de las localidades beneficiarias aumenten su población en los últimos años.
Entre las medidas destacadas figuran ayudas de 905.000 euros para programas de familia en municipios afectados, un millón de euros para derechos de infancia y adolescencia, y otro millón para itinerarios de inclusión sociolaboral.
Asimismo, el Consell ha recuperado una línea de 500.000 euros destinada a programas de atención a mayores, envejecimiento activo y lucha contra la soledad no deseada en 141 ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes.
