La PMcM augura una situación sin precedentes si no se remedia con la implantación de un régimen sancionador
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha alertado sobre el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas y del sector privado. Ha señalado el significativo aumento del 74% de los impagados en la nueva edición de su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2020”.
Del análisis destaca que:
- El plazo medio de pago a proveedores aumentó en sector público un 10%.
- En el sector privado aumentó en un 5%.
- Los plazos medios de pago se alejan de los establecidos por la ley (30 días para las AA.PP. y 60 para las empresas).
- Y por último, se han igualado los plazos públicos y los privados.
Esto podría propiciar una aceleración del empeoramiento de los pagos de las AAPP frente a los del sector privado.
Este empeoramiento de los plazos de pago retrocede los niveles registrados en 2015 y en 2016. “Tenemos que revertir de nuevo la tendencia implantando un régimen sancionador, más si cabe en el contexto de la era Post-Covid-19 en el que nos encontramos inmersos”, alerta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
El informe de la PMcM, elaborado a partir de cerca de 800 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas refleja que:
- El 16% de los encuestados ya ve claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios.
- Casi la mitad de los encuestados (48%) cree que sus plazos de cobro empeorarán durante 2021.
Cañete advierte del “riesgo de la ruptura de las cadenas de liquidez”. Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 70% declara que sería pedir financiación. Por otro lado, un 23% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago.
En este sentido, el 8% de las empresas participantes en el estudio de la PMcM han manifestado que la crisis del COVID-19 ya les ha llevado a ampliar sus plazos de pago. “Si no salimos de este bucle de forma inminente, puede llevarnos a una situación sin precedentes y con graves consecuencias para el tejido empresarial”, aclara.
Según declaran los encuestados, si cobraran todas sus facturas a tiempo, el 11% reducirían su necesidad de financiación en más de un 40%. El 24% de los encuestados la rebajarían entre un 20% y un 40%.
Según el “Informe sobre Morosidad 2020” de la PMcM, la ratio de morosidad se cifró en el 5,4%. Esto significó un “aumento peligroso de un 74% respecto a 2019, situándose muy cerca del dato de 2014 del 5,7%», advierte Cañete.
Las grandes empresas, las peores pagadoras
La mitad de los encuestados aseguran que sus clientes del sector privado han empeorado sus plazos de pago. El tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas son las que tienen una facturación superior a 50 millones de €.
Cuando los encuestados son preguntados cuánto tardarán aproximadamente en pagarles:
- El 36% coincide en que lo hacen por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días),
- El 45% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días).
- Y sólo el 19% de las grandes compañías pagan dentro del plazo legal.
Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “el retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez”.
El empeoramiento de los plazos de pago, también se constata la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 62% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004.
A esto también se suma el preocupante dato de el 87% de los proveedores nunca o casi nunca exigen a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.
La PMcM siempre ha sostenido que esto podría deberse más al miedo a perder el cliente, porque el 60% de los encuestados asegura conocer la legislación existente. No obstante, el presidente de la entidad apunta que, “después de más de 10 años, no deja de sorprender que un 40% de las empresas aún la desconozca”.
En lo que se refiere al medio de pago frecuente, el confirming, el 11% ha percibido un mayor ofrecimiento de lo habitual por parte de sus clientes desde el comienzo de la crisis del COVID-19. El 19% indica que se ha alargado el plazo de vencimiento y al 2% les obligan a descontarlo.
Régimen sancionador
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ante estas cifras y en la era COVID, urge a implantar ya un régimen sancionador que multe a las empresas morosas para evitar que se rompa la cadena de pagos.
De esta manera se inyectará liquidez al sistema, mejorará la competitividad y productividad de las empresas y se reducirá la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos. En un contexto marcado por la COVID-19 que ha golpeado duramente a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, Medio millón de empresas están en riesgo de quiebra por el retraso en los pagos.
Por ello, se ha solicitado a los grupos políticos “responsabilidad” para que el trámite de enmiendas se agilice para la instaurar el régimen sancionador.
