La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, llevará al pleno de abril (martes 15, 11.00 h) una propuesta para suspender los plazos de ejecución y justificación del Plan de Inversiones 2022-23 a causa de la dana. De esta forma, se prevé aprobar una suspensión extraordinaria del plazo de ejecución de las obras incluidas en el plan, que pasará del 12 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2026. La intención de esta medida, en la que coinciden el presidente, Vicent Mompó, y la vicepresidenta Enguix, responsable de Cooperación, es “prorrogar el último plan de la anterior legislatura, que aún tiene 70 millones de euros pendientes de adjudicar o certificar, para facilitar los procesos a los ayuntamientos y que no tengan que renunciar a un solo euro de las ayudas”.
Más de 1.000 proyectos afectados por la ejecución del plan
El estado de ejecución del último plan inversor puesto en marcha por el anterior gobierno provincial se explica en cifras: sobre la mesa hay un total de 1.008 proyectos en adjudicación o a falta de justificación, que se traducen en 70.784.725 euros que no han podido ingresar los ayuntamientos que presentaron estas actuaciones en el marco del Plan de Inversiones 2022-23. “El nivel de ejecución era bajo antes de llegar la dana, con más de la mitad del plan sin adjudicar o justificar”, afirma Natàlia Enguix, quien explica que “el problema se acrecentó con los devastadores efectos de la riada, tanto en los municipios afectados con daños en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, como en los no afectados, por falta de empresas a las que adjudicar las obras o por el encarecimiento de las materias primas y los costes de ejecución”.
Datos de inversión y situación actual
El plan 22-23, con un total de 148,8 millones de euros en proyectos aprobados y algo más de 123 millones de euros como importe finalmente adjudicado, registra a fecha de hoy 55.350.545 euros abonados por parte de la Diputación por obras finalizadas, mientras que las actuaciones en proceso de documentación y adjudicación superan los 31 millones de euros y las no certificadas suman 39 millones, con 558 proyectos incompletos que van desde los 148 euros que aún debe certificar Alboraya por la ejecución de la segunda fase de las piscinas municipales, hasta el 1.365.000 euros que debe certificar Picassent por la reurbanización de las calles Jaume I y Calvari.
Del millar de proyectos pendientes del Plan de Inversiones 22-23, un total de 450 se encuentran aún en fase de documentación o adjudicación. De ellos, 429 corresponden a 163 ayuntamientos de las 15 comarcas valencianas y 21 a 11 mancomunidades de la provincia. “Con estas cifras, lo más sensato es suspender el plazo de ejecución y el de justificación y dar un margen de más de un año a los entes locales para que puedan completar los procesos y reciban el dinero aprobado por la Diputación para esos proyectos”, apunta Enguix, quien apuesta por “ofrecer todas las facilidades a los municipios para que las ayudas se traduzcan en mejoras para sus vecinas y vecinos, y no en el anuncio de una lluvia de millones sin preocuparse de que el dinero llegue a su destino, que son nuestras comarcas”.
Proximidad con los municipios como eje de la nueva legislatura
En la misma línea, el presidente Mompó destaca “la proximidad con los alcaldes y alcaldesas por la que apostamos desde el primer minuto de la legislatura, con la intención de conocer sus necesidades y ayudarles en todo lo posible”. Para ello, “el área de Cooperación que coordina la vicepresidenta Enguix ha puesto en marcha un Pla Obert que elimina plazos y presión para los ayuntamientos, en el que llevamos cerca de 400 proyectos aprobados y 60 millones invertidos, más otros 100 millones que están presupuestados este año para atender las solicitudes de los municipios en cualquier momento”.
La propia Natàlia Enguix incide en el carácter cuatrienal del Pla Obert como “uno de los grandes aciertos del nuevo programa inversor, que flexibiliza los procesos y permite a los municipios hacer frente a necesidades sobrevenidas”.
