La nueva normativa busca facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes y familias monoparentales
El Consell ha aprobado el nuevo decreto que regula de manera exclusiva el régimen jurídico de las viviendas de protección pública (VPP) de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
El Consell, consciente de la necesidad de revertir la situación de la vivienda en la Comunitat Valenciana, ha considerado conveniente abordar, como actuación prioritaria, la aprobación de un nuevo texto normativo regulador de las viviendas de protección pública, que sustituya al vigente y que permita implementar medidas de fomento de la promoción, construcción y puesta en el mercado de viviendas de protección pública a un precio asequible.
El nuevo texto normativo representa una actualización de la normativa de vivienda de protección pública acorde al escenario actual y que sienta las bases para una gestión más eficiente que asegura una respuesta eficaz de la Administración a las necesidades de los que cuentan con más dificultades para acceder a una vivienda en la Comunitat Valenciana, como son los jóvenes, las familias monoparentales, las familias con alguna persona con discapacidad o dependencia o las víctimas de violencia sobre la mujer.
Estructura y puntos clave
Este decreto contiene 51 artículos y se estructura en dos títulos. El primero, recoge disposiciones de carácter general y el segundo se refiere al régimen jurídico de las viviendas de protección pública y está compuesto por cuatro capítulos, además de seis disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales.
La norma acota el concepto de vivienda de protección pública y establece los requisitos generales y específicos de estas viviendas. Regula las superficies máximas, los efectos de su calificación y los límites derivados del régimen de protección. También diferencia dos tipologías de viviendas: las de régimen general y las de régimen especial de vivienda joven, destinada a jóvenes de hasta 35 años.
Apuesta por jóvenes y las familias
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Para facilitar el acceso a la vivienda a familias monoparentales y jóvenes a precios más asequibles, el decreto prioriza una reserva del 40 % para estos casos, tanto en las promociones públicas como en las privadas.
Además, introduce criterios de racionalidad y objetividad respecto a los requisitos de acceso a las viviendas de protección pública en lo relativo a los ingresos básicos de la unidad familiar o de convivencia, así como en lo que se refiere a los ajustes para determinadas personas que conformen la unidad familiar o de convivencia.
En este sentido, se adecúa el umbral máximo de ingresos que garantizará el acceso a viviendas de protección pública a aquellas personas, entre ellas las jóvenes, que quedaban excluidas en muchos supuestos al superar el umbral máximo de ingresos de acuerdo con los requisitos de la regulación anterior.
Niveles de protección, colaboración público-privada y simplificación
El decreto establece distintos niveles en la extensión del periodo de protección de estas viviendas.
Así, el periodo será de 30 años para las promociones de régimen general; de 20 años para aquellas promociones que se desarrollan en suelos que hasta ahora se destinaban a la construcción de viviendas libres; y de 15 años para las viviendas calificadas como vivienda joven.
Asimismo, respecto a la calificación de las viviendas de protección pública, recoge los requisitos para la obtención de la calificación provisional y definitiva sobre criterios de simplificación administrativa y seguridad jurídica. Además, se introduce por primera vez en el ámbito del procedimiento de calificación, la posibilidad de aportar la documentación técnica certificada por una entidad colaboradora de la Administración (ECUV), con la finalidad de agilizar los trámites administrativos de obtención de las calificaciones de viviendas protegidas.
Sistema pionero de fijación de precios máximos
La nueva norma establece un novedoso sistema de fijación de los precios máximos de venta y renta, pionero en España. Así, despliega un ‘módulo dinámico’, partiendo de los costes de edificación, que se ajustará para cada uno de los municipios de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con la evolución de los precios de mercado de la vivienda libre de nueva construcción, la presión demográfica y la evolución de las rentas medias, manteniéndose siempre por debajo de los precios de mercado.
Además, con el objetivo de reactivar la construcción de vivienda de protección pública en la Comunitat Valenciana, remarca la colaboración público-privada, y sienta las bases sobre las que el Consell, a través de la Conselleria competente en materia de vivienda o los entes del sector público con competencias en la materia, puedan desarrollar normas, promover programas, medidas y acciones que contribuyan a dar impulso a la promoción de vivienda de protección pública, además de poner especial acento en los convenios y acuerdos con otras administraciones, entidades y empresas.
